Escrachamos a la marca de ropa Giesso

FOTO: La delegada Teresita Rubi entrega el petitorio al empresario Giesso

Los costureros y delegados de base de grandes fábricas de ropa nucleados en la agrupación gremial “UTC-Alameda” dentro del sindicato SOIVA, junto a costureros de las cooperativas y miembros de la Alameda, marcharon este martes 31 de agosto, al local comercial de la marca de ropa Giesso.

La concentración salió de Callao y Av. Santa Fe a las 18.15 pese a la oposición del empresario Mariano Rodríguez Giessso que intentó negociar a último minuto para que las cámaras de televisión no filmaran el escrache.

El empresario Giesso rogaba en plena avenida a medida que la marcha avanzaba que no se hiciera la protesta. A toda costa no quería que su marca y apellido quede emparentado a acciones antidemocráticas como su sucede contra la delegada Teresita Rubi y el resto de los trabajadores que la respaldan, entre ellos tres que fueron recientemente suspendidos.

Llamó la atención el exagerado dispositivo de la Policía Federal que conduce Néstor Valleca. Dos camionetas de infantería y varios hombres de civil de la brigada de la comisaría 17. El jefe de policía demuestra con estos hechos estar más preocupado por una movilización pacífica y democrática que reprimir el crimen organizado de Barrio Norte instalado en decenas de prostíbulos estilo privados.

Teresita Rubi contó mediante un megáfono las pésimas condiciones en las que trabajan. “Estamos mal categorizados. La gente trabaja rodeado de cucarachas, otros fuman y no les dicen nada por estar protegidos por los dueños. No pagan el aguinaldo, los sueldos los recibimos con constantes atrasos y suspendieron a tres compañeros. También nos intimidan por habernos plegado a la medida de fuerza dictada por el sindicato SOIVA en medio de la discusión paritaria”.

Casi todos los noticieros televisivos, diarios y agencias de  noticias cubrieron el escrache y entrevistaron tanto a la delegada Teresita como al presidente de la Fundación Alameda, Gustavo Vera.

El Sr. Mariano Rodríguez Giesso es solidariamente responsable de las atrocidades que ocurren dentro de la fábrica, según señala la ley 12.713.

La UTC-Alameda no va a permitir que se maltraten a los delegados, ni a ningún compañero, y tampoco que se violen sistemáticamente sus derechos laborales. Esto mismo lo escuchó en persona el empresario Giesso. Es que tras el escrache Giesso pidió una reunión.

Gustavo Vera por la Alameda, Ezequiel Conde por la Unión de Trabajadores Costureros y la delegada de Agrest, Teresita Rubi, se sentaron en un bar de la paqueta avenida Alvear.

“La charla duró una hora. Nosotros expusimo lo que ocurre en Agrest con la higiene y seguridad, el salario, los maltratos y persecuciones. Giesso respondió que no vio el tema cuando visitó la fábrica”, expresó Gustavo Vera.

El compromiso de Giesso fue recorrer la fábrica con Luis y Roberto Agrest, los dueños, además de Teresita la delegada. Que iba a detectar los problemas y exigir que se cumplan el salario.

Mientras se producía la reunión constantemente llamada Roberto Agrest al celular de Giesso.

FOTO: Gustavo Vera y Teresita Rubi al megáfono delante del local Giesso

Reproducimos la carta que se le presentara al Sr. Giesso

Buenos Aires 31 de agosto de 2010

Sr. Mariano Rodríguez Giesso:

Los costureros de Agrest somos los principales responsables de que su marca y su familia estén facturando un dineral, debido a que la mayor parte de su producción la hacemos nosotros.

Por ende, usted es solidariamente responsable de las condiciones de trabajo que sufrimos y del sueldo misero que cobramos.

En esta ocasión venimos a denunciarle que los señores Agrest, a quienes usted bien conoce, no solo nos debe parte de nuestro sueldo y el aguinaldo y que las condiciones de Higiene y Seguridad básicas son deplorables, sino que además amenaza constante y violentamente, como si fuera patrón de estancia,  a la delegada gremial Teresita Rubi, por el simple hecho de reclamar condiciones dignas de trabajo, lo cual es una abierta violación de los derechos sindicales.

Por esto y otras cuestiones, como despidos arbitrarios, maltratos psicológicos y persecuciones a los trabajadores que participan con la delegada, le pedimos una rápida intervención para frenar estos atropellos y solucionar urgentemente los problemas que acarreamos.

Sepa muy bien que hasta hoy el aumento de sus ventas en un 60% según declara en la revista APERTURA y su proyección de un 10% mas en sus ventas es sobre la base del sufrimiento, la presión y la miseria en la que estamos sumergidos los costureros que hacemos sus prendas.

Atentamente

AGRUPACIÓN GREMIAL “UTC-ALAMEDA”  SOIVA   -  CGT

Delegada gremial Agrest Teresita Rubi 1561215507

CONTACTO  UTC-Alameda:

Teresita Rubi 1561215507

Ezequiel Conde 1536543195

PRIMER PROGRAMA DE RADIO ALAMEDA: “Por un Mundo Sin Esclavos”

A partir de mañana, Lunes 30, la Alameda tiene su primer programa de radio. “Por un mundo sin esclavos” durante una hora todos los lunes nos vas a poder escuchar en AM 690, Radio K24; y si no podes sintonizarnos pobra por Internet en estos dos portales: http://www.am690.com.ar / www.laretaguardia.com.ar

La producción general es de La Retaguardia, unos periodistas de radio desde hace mucho tiempo, Fernando Tebele y María Eugenia Otero, que estuvieron siete años en AM 770 hasta que se produjo hace semanas un atentado a la antena de la radio y luego la Radio Cooperativa copó el dial por el que trasmitían las novedades de muchas organizaciones sociales, entre ellas y con reconocida prioridad a la Alameda.

En esta radio AM 690 que recibe a la Alameda mañana Lunes de 21 a 22 desde hace tres sábados que están de 11 a 12 horas los compañeros cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Mail para comunicarse al programa: prensaalameda@yahoo.com.ar

La ley de Trata será modificada

Aquí la crónica por la audiencia que emitió un dictamen para que sea modificada la Ley de Trata de Personas.

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=73c738dd55218f995b96d39d1307d103

DICTAMEN POR MAYORÍA
La Ley de Trata cambia

Dos comisiones en diputados aprobaron un dictamen por mayoría. Una sola diputada se opuso. Quedó afuera el aumento de multas a los traficantes de personas y, sin explicaciones, el decomiso de bienes.

Por Lucas Schaerer

Los diputados nacionales casi no llegan al quórum para sesionar este jueves con el fin de emitir un dictamen modificatorio de la Ley de Trata de Personas y el código penal. Con cuarenta minutos de atraso comenzó la sesión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Familia. Los diputados Juan Carlos Vega (CC) y Claudia Rucci (Peronismo Federal), presidentes de las comisiones respectivas, abrieron el debate con 11 miembros en Familia y solo 9 en Penal. A los minutos llegó Patricia Bullrich (CC) y más tarde Rubén “Bebe” Lanceta (UCR).

Tras dos horas de debate, acordaron los 22 diputados presentes (cada comisión la integran 30 diputados) votar el dictamen, menos la diputada Marcela Rodríguez, que siendo de la Coalición Cívica encontró argumentos para que no saliera un dictamen único como propuso su compañera de bloque y abanderada de la lucha contra la Trata, Fernanda Gil Lozano.

Los cambios más resonantes a la actual Ley de Trata es la eliminación del consentimiento (que fuera una insignia del ministro Aníbal Fernández y diputados K cuando nació la ley en el 2008) y la distinción de edad en las personas para ser explotadas laboral o sexualmente.

Derogar el consentimiento plantea que siempre que se traslade un humano para ser explotado es delito y asimismo de aprobarse este dictamen en el recinto se dejaría de lado las diferencias entre mayores de edad y menores.

En el artículo 2 de la ley 26.364 se retiró menores de dieciocho años. Respecto a los códigos penales se elevan las penas.

Aumenta la pena de prisión máxima para el traficante de personas, o sea artículo 145 bis del código penal, de seis años a 10 años. En tanto que su agravante 145 ter por menor de 18 años subió la mínima que era cuatro a 5 años y el máximo de 10 pasaría a 15 años de prisión. Al ser menor de 13 años sube el mínimo a 10 años, aumentando la pena en cuatro años, y deja el tope en 15 años.

Asimismo se incorpora en el dictamen de las dos comisiones el artículo 145 (quater) que es la represión de 3 a 8 años por sustraer, retener o destruir una acreditación de identidad.

Por el articulo 140 donde hubo quejas por no figurar la compra y venta de personas, el proyecto de las comisiones aprobado tipifica someter a una persona “a explotación”, ya no reducción a la servidumbre o condición análoga.

Por la asistencia y protección de la víctima se propone crear un “Programa Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas para la Protección y Asistencia de las Víctimas”. Lo nuevo en este caso es que debe crearse un ámbito de “acción y coordinación interinstitucional”. Esto es la presencia de diputados y senadores para el seguimiento de todos los temas vinculados con la ley.

Entonces se crea un Consejo Federal que dependerá del ministerio de Justicia, con autonomía funcional, con presencia de tres ministerios, dos consejos (niñez y mujer), la Procuración, un diputado elegido por la oposición y un senador también de la oposición.

Además se deberá crear, en caso de sostenerse este punto del dictamen, el Cuerpo Asesor integrado por un representante de las provincias y cinco de organizaciones de la sociedad civil vinculados a la temática.

El poder de las organizaciones sociales es que su posición, en forma de dictamen, “deberá ser previo y obligatorio a la aprobación del plan anual de trabajo del Consejo Federal”.

Decomiso y multas ausentes

Antes de votar el dictamen decidieron los diputados dejar afuera el aumento de multas y el decomiso de bienes a las redes de trata de personas.

Desde el bloque oficialista, Frente para la Victoria, y Ricardo Gil Lavedra UCR, coincidieron que las multas fijadas en el dictamen (fueron a propuestas del proyecto Fundación Alameda y El Otro) son excesivas.

“Las multas son brutales, no tienen comparación con el código penal. Por traficar una menor de 13 años se alcanzaría los 13 millones de pesos y en el caso mínimo hasta 6.300.000 millones. Mientras que el código penal no hay multa que supere los 200 mil pesos. Ni siquiera con envenenamiento seguido de muerte”, sostuvo Gil Lavedra mientras que sus pares del kircherismo lo respaldaron.

Por el decomiso en su momento el diputado Vega adhirió e impulsó abiertamente. En tanto que Claudia Rucci expresó que en la comisión que encabeza propusieron decomiso en lugar de multas “para que esas propiedades (domicilios, locales, automóviles, dinero, empresas) vayan en resguardo de las víctimas”.

Finalmente el decomiso fue erradicado del dictamen siendo que en las dos comisiones se estaba de acuerdo en aceptar la iniciativa que busca golpear en el núcleo de las organizaciones mafiosas. Una experiencia que en Italia se aplica desde hace 15 años. Allí comprobaron que los mafiosos están más preocupados con las confiscaciones que con las detenciones. “El radicalismo y el peronismo decidieron dejar afuera el decomiso”, era el comentario de pasillo.

La penalización al cliente entró por la ventana. No nació en el acuerdo parlamentario que todos los bloques a mediados de junio firmaron para abrir el debate con la ley de Trata y el código penal.

Ese acuerdo parlamentario lo impulsaron las organizaciones de la sociedad civil por las conclusiones que arribaron en el primer congreso del interior por la trata de personas desarrollado en la ciudad de Villa María, Córdoba.

Paradójicamente quienes se refirieron a penalizar al cliente fue el jefe de Gabinete nacional, Aníbal Fernández, a través de una carta como por sus funcionarios y algunos diputados K, y la diputada Rodríguez que se reconoce feminista y en la Coalición Cívica.

Para dejar de lado la penalización del cliente y pasar a la votación del dictamen Fernanda Gil Lozano esgrimió que “es una discusión para hacerse a la hora de cambiar la ley de profilaxis, no en la discusión de la ley de Trata. Ahora debemos lograr un dictamen que sea una respuesta política al crimen organizado y no desde la bandería partidaria. Por eso les pido que emitamos un dictamen único”.

La diputada Rodríguez no lo aceptó ni siquiera con los argumentos de su par Patricia Bullich que ve en criminalizar al cliente “la perdida de un testigo. El cliente puede serlo y lo estamos penando cuando nuestro objetivo es desarmar a las bandas criminales”.

Por la propuesta de crear una policía antitrata no hubo mención. Tampoco de las figuras agente encubierto y testigo protegido.

Los parlamentarios pasaron por alto la escandalosa denuncia penal y en el Congreso de la mujer policía que integró la división de Trata de la Policía Federal, Nancy Miño Velásquez.

En el dictamen aprobado el brazo ejecutor de las leyes y código penal sigue siendo el mismo que fue cuestionado por corrupción y cohecho con los proxenetas. Todos los imputados de la oposición se refirieron a la policía como el gran problema para combatir el delito pero a la hora del dictamen no hubo modificaciones.

El Senado en calidad de cámara revisora debate el dictamen. Si no existen modificaciones se discute en el recinto de la cámara baja y luego de vuelta al senado para ser el último paso legislativo.