A 4 años del incendio en Luis Viale y la muerte de seis inocentes: Basta de trabajo esclavo e impunidad

 Convoca la Alameda y la Unión de Trabajadores Costureros: Hoy martes 30 a las 19 horas nos concentramos frente al taller incendiado de Luis Viale 1269.

El 30 de marzo murieron calcinados dos costureros y cuatro niños dentro de un taller esclavo en Caballito en el que estaban encerrados y no pudieron escapar. Más de 60 personas trabajaban y vivían allí (40 adultos y 25 chicos) en condiciones de hacinamiento y servidumbre, muchas de las cuales habían sido traídas desde Bolivia con engaños para luego someterlas a la esclavitud.

El juez Alberto Baños sólo se dedicó a investigar las causas del incendio y procesó exclusivamente a los que regenteaban el taller Luis Sillerico y Juan Manuel Correa, dejando libres de culpa y cargo a quienes se beneficiaban económicamente de ese taller, los fabricantes Jaime Fischberg y Jaime Geider.

Pese a que en el taller se violaba abiertamente la ley de migraciones y la mayoría de los costureros eran explotados sin documentos nacionales y que muchos de ellos fueron captados mediante mecanismos de trata; pese a que claramente las condiciones de trabajo eran de servidumbre, el juez Baños se negó a investigar esos delitos y a aplicar la ley de trabajo a domicilio que comprometía solidaria y directamente a los fabricantes.

Los talleristas fueron procesados por el incendio y con tan sólo una probatión fueron dejados en libertad. Los fabricantes ni siquiera fueron molestados para declarar y hoy siguen explotando costureros en la provincia de Buenos Aires. Muchos de los costureros de aquel taller fueron trasladados esa misma tarde a otros talleres esclavos, donde siguieron padeciendo el infierno del hacinamiento y la esclavitud.

La Alameda que junto a la Defensoría del pueblo venían denunciado entonces en el 2006 desde meses atrás, el trabajo esclavo y la trata laboral y que señalaba que estábamos en presencia de un régimen neoesclavista de producción del cual se favorecían muchas de las grandes marcas, fue violentamente atacada por los dueños de los talleres en esos días, porque echábamos luz sobre el régimen mafioso en que se venía asentando la producción textil, rodeada de complicidades y cohechos que comprometían a gendarmes en frontera, inspectores, policías y hasta diplomáticos que la encubrían.

Gracias a la lucha de los costureros que se agruparon en la Alameda, muchas cosas comenzaron a cambiar.

Fue lanzado pocas semanas después, un programa de regularización migratoria masiva y gratuita; se rebajaron drásticamente los costos de la documentación que se requería en el país de origen; fueron denunciadas judicialmente más de cien marcas por trabajo esclavo; decenas de talleristas y hasta un fabricante fueron procesados y llevados a juicio oral; cientos de máquinas fueron confiscadas a los esclavistas y cedidas a las victimas para que a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial recuperen la dignidad agrupándose en cooperativas; de los 5000 talleres de aquel entonces, quedaron 3000 en la ciudad y el trabajo registrado tuvo un significativo aumento entre el 2006 y el 2008: fue sancionada la ley de asistencia a las victimas de trata en la ciudad; se comenzaron a elegir cuerpos de delegados en las principales fábricas y no pocas marcas se vieron obligadas a regularizar su situación ante el terrible impacto en su imagen a causa de las denuncias.

Sin embargo, lejos estamos aún de que impere la legislación vigente y la justicia y que se erradique el trabajo esclavo en la ciudad y en el país.

Más de 25.000 costureros aún son reducidos a la servidumbre en 3000 talleres, agrupados fundamentalmente en la zona sudoeste de la Ciudad. En la provincia, el panorama es mucho peor y alli más de 150.000 costureros son esclavizados en los 15 mil talleres que se encuentran desparramados por el conurbano.

Todos los días por las fronteras de Villazón y Yacuiba vienen engañados cientos de hermanos bolivianos para luego ser reducidos a la esclavitud no sólo en la industria textil. De este proceso de trata y tráfico participan de modo cómplice empresas de transporte, medios de comunicación que publicitan avisos engañosos, gendarmes que se hacen los distraídos, comisarias que recaudan y cuerpos inspectivos que no cumplen con sus deberes de funcionarios públicos.

Pese a que la ley de trabajo a domicilio establece la solidaridad directa entre fabricantes y talleristas por las condiciones en que se desarrolla la producción, sólo un fabricante fue procesado y llevado al banquillo de los acusados por el juez Federal Torres. La abrumadora mayoría de las grandes marcas denunciadas incluso por la Defensoría y el Gobierno de la Ciudad, continúan impunemente valiéndose de la miseria y vulnerabilidad de la población migrante para maximizar sus ganancias de modo brutal.

El año pasado las marcas se jactaron de haber facturado 6000 millones de pesos, 80 % de los cuales fue obtenido desde el infierno de los talleres clandestinos y un 20 % desde las pocas fábricas registradas donde el salario del costurero es uno de los más bajos de la industria junto con el de peón rural.

Lejos estamos de haber alcanzado la justicia para las víctimas de Luis Viale y de haber erradicado las causas que le dieron origen.

Desde que asumió Macri el gobierno de la Ciudad, de un modo deliberado se ha dejado de denunciar a las marcas que usan talleres clandestinos como establece la ley 12.713. Deliberadamente se ocultan etiquetas y pruebas y se omite denunciar ante la justicia a los principales beneficiarios del trabajo esclavo. Las marcas volvieron a sentirse impunes y volvieron a la carga con los talleres clandestinos, deteniendo el proceso de crecimiento en el trabajo registado que había comenzado a desarrollarse meses atrás. Y hasta a Macri le parece «natural» que su novia base su producción en talleres esclavos diseminados y denunciados en capital y provincia. Cada tanto hacen inspecciones y clausuras rimbombantes para hacer maquillaje estadístico, pero nunca encuentran a las marcas que están detrás de esa infernal explotación. En la procuración de la Ciudad se apilan masivamente los informes de trabajo la explotación ilegal de indocumentados en muchos talleres de la ciudad. No obstante, sólo un puñado de casos es denunciado ante los juzgados federales y cuidando siempre que sólo quede marcado un perejil y escondida la marca beneficiaria..

Al centenar de marcas denunciadas ante juzgados federales, nunca se las señaló en la página oficial del Ministerio de Trabajo como se hace en Brasil, ni se las sancionó económicamente por sus pésimas prácticas. Tampoco las molestó la AFIP a pesar de la obvia evasión impositiva en importantes tramos de su cadena de valor.

El listado de decenas de talleres esclavos que trabajaban para grandes marcas en Provincia, nunca fue inspeccionado o allanado, salvo cuando ya eran un escándalo mediático inevitable.

Sin duda, desde aquel trágico incendio a la fecha hemos avanzado algunos pasos, pero el camino a recorrer aún es largo y la justicia para las víctimas no llegó ni en esa causa puntual, ni en la erradicación del trabajo esclavo y la dignificación de los costureros.

Por la memoria de los costureros de Luis Viale y la de todos aquellos costureros que han perdido su vida en el infierno del trabajo esclavo. Por la justicia y la condena a los responsables de aquella tragedia y de todas las marcas que usan y se benefician con el trabajo esclavo. Nos concentramos este martes 30 de marzo a las 19 hs frente al taller de Luis Viale.

Hablaran sobrevivientes de aquella tragedia, delegados costureros de fábrica, ex victimas de trata en talleres clandestinos y miembros de la Alameda. Los esperamos.

Contacto:
Gustavo Vera 1561584835 (Alameda)
Ezequiel Conde 1536543195 (Unión de Trabajadores Costureros)

Gustavo Vera en el Seminario Regional sobre Trata y Explotación Sexual en San Pablo Brasil

 

Por Gustavo Vera

El seminario Regional sobre Trata y Explotación Sexual realizado el 25 y 26 de marzo en San Pablo fue convocado por el gobierno brasilero y sueco que desde hace algunos años trabajan en una línea de cooperación en el combate contra la trata de personas y el crimen organizado. Se convocó a representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile poniendo énfasis en invitar a los fiscales especializados en combatir la trata, las divisiones específicas de las policías regionales y aquellas ONGs que han tenido algún rol destacado en el terreno práctico.

Por la Argentina, fue convocado el fiscal Marcelo Colombo de la división antitrata de la UFASE, el comisario Jorge Fernández de la división antitrata de la Federal y por las ONGs estuvieron presentes Susana Trimarco, de la Fundación María de los Ángeles y yo, por la Fundación la Alameda. El comisario de la Federal faltó, el único entre todas las delegaciones. Y a la delegación inicial se sumaron tres funcionarios más del Ministerio de Justicia preocupados por qué conste en actas que en la Argentina “se combate la trata en todos los frentes”.

A diferencia de muchos encuentros que se convocan sobre el tema donde se filosofa largamente sobre la trata sin ninguna conclusión práctica, el objetivo de este seminario era avanzar en la socialización de las experiencias de los gobiernos brasilero y sueco y conocer las buenas prácticas y los problemas que pudieran destacarse en la región.

En la abrumadora mayoría de los seminarios con funcionarios gubernamentales, la Alameda suele ser excluida por no ser “políticamente correcta” y por aprovechar cualquier foro para denunciar con nombre y apellido lo que está ocurriendo, incomodando a varios de los presentes, varios de los cuales están acostumbrados a pasear por el mundo, degustar buenos vinos y opíparas cenas y alegrar las veladas con frases edulcoradas. Sin embargo, a este fuimos invitados y no ingenuamente por los organizadores suecos que vienen siguiendo con interés la experiencia de la Alameda y los resultados prácticos de sus denuncias, investigaciones y propuestas. Algo que evidentemente no agradó a los funcionarios argentinos del Ministerio de Justicia que sólo me dirigieron la palabra cuando nos cruzábamos durísimo en algún debate.

El grueso de la primer jornada fue la socialización de las experiencias de los suecos y brasileros e informes de la representantes de la OEA, ONU y OIM. En la apertura, el secretario de justicia brasilero señaló que la trata ha pasado a ser el segundo negocio ilícito mundial después del tráfico de drogas y superando incluso al tráfico de armas. Que la trata debe enmarcarse dentro de redes de crimen organizado y que, tal como lo establecen las convenciones internacionales, el “consentimiento de las víctimas” es “irrelevante” (cabe aclarar que la trampa de la ley argentina sobre trata radica en que exige que la víctima , cuando es mayor, pruebe que no hubo consentimiento en su traslado y reducción a la servidumbre, algo que prefieren evitar porque al denunciar toda la red delictiva sienten terror hacia la represalias que puedan sufrir ellas y sus familias. Por eso en la Argentina quedan tantos delitos impunes y sólo tenemos condenados a un cieguito y una madame que era ex victima). Luego se explayó sobre las rutas de la trata desde latinoamerica hacia Europa y Asia y desde Asia a Latinoamérica.

Lo más importante de la exposición del secretario de Justicia brasilero fue cuando subrayó que el combate contra la trata debía perseguir la ruta del dinero para ser efectivo. Combatiendo el lavado y el blanqueo, confiscando los bienes de los esclavistas y desmantelando económicamente las redes, no sólo deteniendo a los culpables. Más de seis millones de reales han sido confiscados en los últimos tiempos a los tratantes que además fueron detenidos. Y ese dinero ha sido volcado a programas de investigación y asistencia a las víctimas de trata. En la Argentina, salvo el caso del Juez Federal Sergio Torres y el Tribunal Oral 6 que confiscaron masivamente maquinarias a los esclavistas, en la abrumadora mayoría de los casos donde se prueba trata o servidumbre no se suele perseguir la ruta del dinero y las redes quedan económicamente a salvo, pese a la detención de algunos de sus secuaces. Las causas por lavado brillan por su ausencia y la UFI está reducida al rol de una oficina irrelevante. La definición de los brasileros es concreta: «el crimen organizado es una empresa. Busca tener ganancias. Y para destruirlo no basta con arrestar a los secuaces. Además hay que desmantelar las rutas del dinero.

Otros funcionarios señalaron que en el caso del trabajo esclavo, el gobierno brasilero escracha regularmente en sus web y oficialmente en una lista a las empresas que están siendo juzgadas por trabajo esclavo y además las sanciona económicamente colocándolas en una especie de “veraz” en el que no pueden tener acceso a créditos y subsidio por determinada cantidad de tiempo. En cambio en nuestro país hay más de cien empresas en las que se ha probado que usan trabajo esclavo y están siendo investigadas en la justicia. Sin embargo, ninguna sanción económica fue aplicada a ellas, la AFIP ni siquiera las visita y el Ministerio de Trabajo no pública el listado de empresas que tienen estas prácticas, ni siquiera las que oficialmente denunció la Defensoria del Pueblo.

Junto con Ongs locales han hecho una importante campaña entre los camioneros para erradicar la explotación sexual infantil. Luego de una encuesta en la que el 60 % de los camioneros admitía haber tenido sexo con mujeres en situación de prostitución en horario de trabajo y un 37 % había admitido que fue con menores y adolescentes, el gobierno impulsó una legislación para castigar duramente a las empresas donde trabajan esos camioneros cuando sean pescados teniendo sexo en horario de trabajo e incluso hacerlas responsables penalmente cuando se trate de menores. De este modo, obligaron a las empresas a involucrarse en el control de sus empleados para evitar sanciones económicas y penales y a la vez se lleva adelante una campaña informativa y preventiva fuerte en las rutas.

Entre los funcionarios suecos, se encontraban los de derechos humanos, procuración y policía. Lo aspectos más relevantes de sus exposiciones fueron los siguientes: en Suecia la prostitución a título individual no está prohibida, sin embargo se penaliza la compra de servicios sexuales desde 1999, e incluso se escracha a los clientes-prostituyentes públicamente. Tal medida ha tenido un efecto notablemente desalentador en la demanda. El lema de los suecos es: “el comprador de sexo alimenta el crimen organizado”. Además el gobierno sueco tiene una política activa de combate a la trata y no se queda esperando las denuncias como frecuentemente ocurre en nuestro país. En la práctica, cuentan con una brigada que por denuncias, avisos en los diarios o seguimiento de rutas, detecta lugares posibles de trata y monta un trabajo de inteligencia e investigación, donde en colaboración con la justicia, se filma, se hacen escuchas, se utilizan agentes encubiertos como supuestos clientes y se recolectan pruebas que permitan el allanamiento y el rescate a las víctimas. El objetivo es recaudar la mayor cantidad de pruebas objetivas que no hagan depender tanto las evidencias de las víctimas en situación de vulnerabilidad. En la argentina se publican impunemente cientos de servicios sexuales, sin que sobre ellos recaiga investigación alguna, salvo las que hacen las propias ongs y que tendrían que hacer desde el estado. Los suecos destacaron sus avances en el combate contra la trata y la explotación sexual, pero también admitieron que este año se iban a capacitar en el combate contra la trata laboral que viene aconteciendo desde los países del este europeo hacia el oeste. Una de las razones de la simpatía con el trabajo de la Alameda de los suecos, es la experiencia aportada por esta en la lucha contra diversas formas de trabajo esclavo.

En los demás países latinoamericanos se detectaron los siguientes problemas y avances. Salvo en la Argentina, en la mayoría de los países de la región no existe una oficina de rescate integrada por profesionales que se especialicen en la contención y cuidado de las víctimas y muchas veces esa tarea es asumida torpemente por policías o miembros del poder judicial con desastrosos resultados. Si bien esto es un avance y habría que generalizarlo, mucho más lo sería si esa oficina fuera independiente del gobierno de turno y dependiera del poder judicial y sus miembros fueran elegidos por concurso de oposición y antecedentes, de manera tal que no exista la más mínima duda de su eficacia en un tema tan sensible, donde a veces de la declaración de una víctima depende poder tirar del hilo y llevarse puesto a los peces más gordos. Por ejemplo, la mayoría de las victimas que fueron de Mar del Plata con el cuento de que eran mayores se las dejó partir sin siquiera declarar y algunas de ellas han sido revictimizadas en prostíbulos, lo cual ha desatado una polémica muy fuerte en el caso. Cuando denuncié esto en el seminario en San Pablo, la representante de la oficina de rescate no lo negó, simplemente dijo “lo hablamos en otro momento” y renglón seguido siguió hablando de las maravillas de su oficina.

Hay países donde el retraso de un marco legal es tremendo. Chile y Paraguay , por ejemplo, ni siquiera tienen una ley para combatir la trata. En uruguay existe una concepción regulacionista de la prostitución en la que se abren muchos grises para distinguir lo voluntario de la trata y lo involuntario. Salvo en Brasil, el combate contra la trata laboral está prácticamente en pañales y en la Argentina el tema fue impuesto más por la perseverancia de las ONGs que por una política activa del estado. Solo para dar un ejemplo, la fiscal antitrata de Paraguay admitió públicamente que el único caso de trata laboral en el que hay interconsultas con funcionarios judiciales de la Argentina es el de las granjas avícolas que denunció la Alameda, pero que no existió ningún contacto, ni investigación en el tema construcción, pese a que es muy frecuente encontrar en las obras ciudadanos paraguayos sin documentación en regla y trabajando en condiciones de servidumbre. El representante de la ONGs de Bolivia se quejó amargamente del poco interés del gobierno en abordar el tema, más allá de declaraciones formales y que recién ahora se estaba comenzando a visibilizar el tema.

El papel de la delegación oficial argentina fue lamentable. Uno de los fiscales reivindicó la “eficacia” de la división antitrata de la policía federal y dijo sin sonrojarse que en la Argentina trabajaban coordinadamente todos los organismos del estado nacionales y provinciales en un trabajo articulado contra la trata. Mientras hablaba, me acordaba de la chica boliviana que fue secuestrada en Villa Urquiza y que la encontraron de casualidad en el Chaco porque fue a un hospital de urgencia picada por un alacrán o del esclavista runfla que fue detenido con las manos en la masa en Guemes en un operativo casual, cuando había sido varias veces denunciado en juzgados federales de Capital por la Defensoria del pueblo y la Alameda.

Más preocupados por la apariencia que por la realidad y por hacer constar en actas que en la Argentina todo funciona de maravillas y que el único problema eran los jueces , la delegación argentina recibió instrucciones precisas del Ministerio de Justicia de contar un lindo cuento para incautos. Todo iba de maravillas, sino fuera por el detalle de que desde la Alameda denunciamos allá la existencia de más de 4000 prostíbulos en todo el país, su conexión e incremento con las redes de narcotráfico, el más de medio millón de personas trabajando en situación de servidumbre y trata laboral y los más de seiscientos mil pibes condenados a trabajos forzosos, mayoritariamente en el campo. Y además, repartimos decenas de videos con investigaciones propias que corroboran lo dicho.

Todo iba genial , sino fuera porque la Alameda denunció las extensas redes de cohecho que protegen este delito donde las cúpulas de la federal están muy salpicadas y que tan escandalosa es la situación que en la megacausa de trabajo esclavo se intervenía con la gendarmeria y en la investigación de muchos prostíbulos se apelaba a Prefectura o Policía Aeroportuaria porque la policía local no era fiable. En Anibalandia el problema son los jueces. Ciertamente muchos jueces encubren proxenetas y esclavistas, pero también es verdad que los que quieren investigar se encuentran en el camino con que la policía les va borrando los rastros y evidencias y que yo sepa la policía depende del mismo Ministerio de Justicia, con lo cual el problema no se reduce ni mucho menos a los jueces. Por supuesto que los funcionarios señalaron que en la Argentina había fuertísimos avances contra la trata, salvo para el representante de la Alameda para el cual la condena a un cieguito y una madame (ex victima) por más justa que sea, no deja de ser una perejilada y la ausencia de una política activa para desmantelar y confiscar los bienes de las redes del crimen organizado es un síntoma muy preocupante como también lo es la ausencia de condenas en temas de lavado de dinero.

Como no podía ser de otra manera, una representante del Ministerio de Justicia se quejó de los que hacían investigaciones paralelas. Para la funcionaria las ONGs debían limitarse a capacitación y asistencia, muy obvia alusión a los molestos informes de la Alameda que ponen frecuentemente al desnudo las truchadas.

En San Pablo sentí la calidez de las ongs regionales con las que intercambiamos experiencias y contactos y de las delegaciones convocantes al encuentro, particularmente de los suecos y brasileros y de la gente de la OEA y Naciones Unidas. Pero también sentí la frialdad y caradurismo de los funcionarios argentinos que hasta ahora en estos foros venían chamuyando de lo lindo, pero esta vez con la Alameda se les hizo un poquito más cuesta arriba. Por supuesto, han operado por todos lados para que no inviten más a los “loquitos” de la Alameda. Y quizás lo consigan. Lo que no conseguirán es evitar la catarata de denuncias e investigaciones que la Alameda seguirá haciendo a lo largo y ancho del país y sus inevitables repercusiones internacionales. Lo que no conseguirán es tapar el sol con las manos. De las Madres y de Hijos aprendimos que cuando no hay justicia, hay escrache. Y en ese camino continuamos.

La marca global “sin cadenas” avanza en diseños

No Chains  es una marca global de ropa libre de trabajo esclavo, hecho por dos cooperativas en los dos extremos del mundo – Dignity Returns de Tailandia y Mundo Alameda de Argentina.

No Chains, cuenta con el apoyo de 12 ONG’s del mundo que colaboraran en la difusión y comercialización. Sin dudas un verdadero proyecto global.

Durante los meses de Enero y Febrero de 2010 se realizó un concurso de diseños abierto a todo el mundo, finalizando en este mes de marzo. Los diseños formarán parte de la primer tanda de remeras de la marca global y libre de trabajo esclavo “No chains” impulsada por las cooperativas.

En forma democrática, a traves de votación, ambas cooperativas eligieron seis diseños, aportados desde Corea del Sur, Hong Kong, Indonesia, Argentina (2) y Estados Unidos (votados en ese orden). Gracias a las decenas de diseñadores que colaboraron solidariamente desde diversas partes del mundo. No chains avanzó otro paso, ahora se prepara para su primer lanzamiento en pocas semanas.

Ahi va el link con los diseños:

 http://www.facebook.com/#!/album.php?aid=201202&id=366717497328&ref=mf

 Link de la Pagina Web:

http://www.nochains.org/