La lucha contra el trabajo esclavo en la Argentina: El caso de la Alameda

Por Camila Montero y Ayelen Arcos

Aquí tenemos un breve artículo escrito para un medio de Brasil que sintetiza la historia de la Alameda, su origen, evolución y principales luchas que viene desarrollando contra la trata, el tráfico de personas, el trabajo esclavo e infantil. Bueno como introducción para quienes no nos conocen.

“Las asambleas populares son hijas de la rebelión del pueblo argentino contra el régimen de concentración y exclusión que primó en las últimas décadas. Son la escenificación natural de la consigna que unificó a las decenas de miles de personas que ganaron las calles en todo el país el 19 y 20 de diciembre del 2001: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Embriones de poder alternativo basados en la democracia directa donde se comienzan (…) a tejer nuevamente los lazos de solidaridad social profundamente dañados y atomizados durante la década del ´90”[1].

Gustavo Vera, Pte. Fundación “La Alameda”

El 19 y 20 de Diciembre del 2001 en la Argentina se produjo una de las movilizaciones populares más importantes de la historia del país. En diferentes ciudades la población inundó espontáneamente las calles exigiendo (y logrando finalmente) la renuncia del entonces presidente Fernando De la Rua. Tal fue la magnitud del estallido popular que el gobierno respondió con una dura represión policial que asesinó a más de 20 manifestantes.

Las formas de manifestación fueron muy variadas: “cacerolazos”, marchas en las principales avenidas, cortes de rutas y calles y asambleas auto convocadas por vecinos que buscaban soluciones a los problemas del barrio.

Los protagonistas de esta rebelión popular provinieron de diferentes sectores sociales, lo cual se reflejó en la variedad de las consignas que se planteaban en cada asamblea. Así, desocupados, trabajadores terciarizados y precarizados, la clase media ahorrista, estudiantes y jubilados encontraron un espacio de lucha común que, como bien se expresa en la cita precedente, había sido fuertemente dañado por años de políticas neoliberales que rompieron los lazos de solidaridad social. A pesar de la diversidad de las demandas, la mayoría se unió en torno al rechazo a la dirigencia política y a las formas tradicionales de conducción y participación.

¿Por qué el 20 de Diciembre del 2001?

La implementación de políticas privatizadoras en los noventa bajo la presidencia de Carlos Menem terminó de entregar a las transnacionales el patrimonio natural e industrial (telecomunicaciones, cuencas mineras, aeropuertos, etc.). Este proceso había comenzado durante la última dictadura militar de 1976 a fuerza de la represión sangrienta de todos lo sectores de la población movilizada, un aumento de la desocupación sin precedentes y la consecuente disminución del ingreso en los sectores populares.

Como resultado de esto, el escenario previo al 2001 se caracterizaba por un enorme crecimiento de la brecha de desigualdad entre los más ricos y los pobres, llegando a tener un 30% de la población por debajo de la línea de pobreza.

El gobierno de De la Rua (1999-2001) solo intensificó este proceso de empobrecimiento, llegando a recortar en un 13% el presupuesto a la Educación, disminuyendo aún más el salario de los trabajadores y reteniendo los ahorros bancarios de la clase media.

Solo a partir de este contexto se puede entender el surgimiento de la Asamblea Popular de Parque Avellaneda “La Alameda” en la ciudad de Buenos Aires, una de las tantas asambleas surgidas en este período, pero una de las pocas que perduró en el tiempo, manteniendo sus consignas iniciales y ampliando el espectro de sus luchas.

¿Qué es La Alameda?

La principal problemática del barrio Parque Avellaneda era la gran cantidad de trabajadores desocupados. Estos fueron los que inicialmente trataron cubrir las necesidades de alimentación de los vecinos, creando un comedor popular a partir de lo que cada vecino podía aportar. Recuperaron un local abandonado en la principal esquina del barrio y comenzaron a desarrollar diversas actividades culturales y productivas.

Muchos de los que concurrían cotidianamente al comedor eran trabajadores bolivianos que estaban sometidos a condiciones de esclavitud en talleres textiles clandestinos de la zona. Estos costureros relataban cómo habían sido traídos bajo engaños o por la fuerza, denunciaban jornadas laborales de entre 12 y 18 horas y cobraban salarios miserables. Estos talleres eran, a la vez, sus lugares de vivienda ya que allí se ubicaban sus pequeñas habitaciones en las que convivían hacinados con otras familias. Era frecuente el maltrato y los abusos por parte de los dueños de los talleres, el encierro, el secuestro de la documentación y el sistema de “cama caliente”, que consiste en una cama al lado de la máquina, donde un costurero duerme mientras su compañero cose para luego rotar el turno. De esta manera lo único que el costurero hace mientras está despierto es trabajar.

Ésta no era una situación excepcional: en la Argentina se calculan más de 20.000 talleres clandestinos que abastecen a reconocidas marcas de indumentaria cuya producción se comercializa en los shoppings más importantes del país. La principal herramienta para luchar contra este sistema esclavista fue recurrir a la Ley de Trabajo a Domicilio (12.713) vigente desde el año 1941. Ésta establece que las marcas son directamente responsables de las condiciones en las que se produce en los talleres. De este modo y gracias al trabajo conjunto entre la Alameda y abogados de Derechos Humanos, nace la megacausa judicial en la que están implicadas casi cien marcas por reducción a la servidumbre y tráfico de personas.

Otra herramienta esencial para revertir estas condiciones de explotación fue acercar la problemática del trabajo esclavo a los trabajadores de fábricas en blanco. Con ellos y a través de la creación de la Unión de Trabajadores Costureros (UTC) se busca la recuperación del Sindicato, fuertemente criticado por su complicidad con los grandes fabricantes y los escasos logros en materia salarial. La UTC aspira a nuclear a todos los trabajadores del sector, ya que la existencia del trabajo esclavo abarata los costos y hace innecesario que las marcas tengan fábricas con trabajadores en blanco.

Con algunos de los costureros liberados de los talleres clandestinos se creó la Cooperativa Textil 20 de Diciembre. Con ella nace la marca propia “Mundo Alameda”, libre de trabajo esclavo.

En 2006 ocurrió un hecho que cambió el curso de la lucha de la Alameda: un taller clandestino ubicado en la calle Luis Viale de la Capital Federal sufrió un trágico incendio que se cobró la vida de 2 costureros y 4 niños que vivían en el lugar. A partir de aquí, y con la condena social que el hecho produjo, el Estado Nacional y Municipal tuvieron que responder a las demandas que la Alameda exigía desde su creación.

La Alameda impulsó un plan de documentación nacional que regularizó la situación migratoria de miles de trabajadores que ahora pueden acceder al trabajo en blanco. Además, en el 2009 se inauguró el Polo Textil, un predio coordinado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial que intenta establecer una forma de producción sostenida sobre el trabajo digno. Allí funcionan Cooperativas Textiles, una de las cuales trabaja con maquinaria expropiada a un fabricante esclavista. Este fallo judicial fue consecuencia de una denuncia realizada por la Alameda.

Uno de los principales logros de esta asamblea fue mostrar que la ropa con las que nos vestimos es producto del trabajo esclavo. Es importante que entendamos que no es solo un problema de falsificación de marcas o ferias clandestinas, sino que las grandes marcas que observamos en comerciales, que cuestan cientos de dólares y que muchos sueñan con vestir se sirven exclusivamente de la explotación brutal de hombres, mujeres y niños.

Ampliando las luchas: la esclavitud fuera de los talleres

A partir del 2008 la Alameda comenzó a luchar contra la esclavitud en distintas ramas de la economía, no solo en la indumentaria. En este camino se denunciaron redes de prostíbulos que esclavizaban mujeres traídas mediante engaño o secuestro. La metodología utilizada fue la misma que la empleada en la lucha contra los talleres clandestinos: cámaras ocultas con declaraciones de las víctimas, manifestaciones públicas y denuncias judiciales. La primera red se ubicaba en todo el perímetro del Departamento central de Policía, poniendo al descubierto una mafia que implicaba directamente a las fuerzas de seguridad del país. Con ello, la Alameda ganaba nuevos y más poderosos enemigos. El resultado más impactante de esta lucha hasta el momento fue el cierre de las tres manzanas de prostíbulos que se ubicaban en la capital de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia argentina a principios del 2009. Allí se calculaban más de 300 mujeres víctimas de tráfico, que generaban una ganancia de millones de dólares anuales a unas pocas y poderosas familias de la región.

La abolición del trabajo infantil en el campo se sumó al conjunto de reivindica-ciones defendidas por la Alameda. Miembros de la organización, disfrazados de boy scouts, visitaron y registraron con sus cámaras a niños de entre 2 y 14 años trabajando en condiciones insalubres junto a sus familias en la recolección de huevos en la provincia de Buenos Aires y en la cosecha de calabaza, tomate y ajo en la provincia de Mendoza.

Esta lucha hubiese sido imposible sin el trabajo conjunto con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que nuclea a miles de cartoneros[2] en Cooperativas. Con ellos continuamos peleando por un sociedad sin esclavos ni excluidos.

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[1] Vera, G. (2002) “Las asambleas llegaron para quedarse” En: Bielsa, R., Bonasso, M. et al. Qué son las asambleas populares Ediciones Continente, Buenos Aires.

[2] Trabajadores que recolectan cartón en la vía pública para ser reciclado. El MTE es pionero en organizar a estos trabajadores en forma colectiva, logrando mejorar y dignificar las condiciones de trabajo de 1.700 hombres y mujeres.

Reflexiones sobre comercio (in)justo

Por Camila Montero

En el marco del mes del diseño, la Alameda participó de las Jornadas de Reflexión “Buenos Aires hace diseño responsable. Integrando al Futuro” en el Centro Metropolitano de Diseño. En la mesa redonda de Comercio Justo estaban también integrantes de la Cooperativa Chico Mendes de Italia y las locales “La Juanita” y “la Asamblearia”.

También participó Harold Pichi de “Otro mercado al sur”. Estas jornadas mundiales son organizadas por el Ministerio de Desarrollo Económico de la ciudad. Los representantes de Italia son los fundadores de Altromercato, una red de comercio justo que sostiene locales donde se ofrece al público productos realizados bajo principios claros: precios discutidos, no impuestos, dentro de la cadena de valor; ausencia total de trabajo infantil y esclavo; contratos a largo plazo; utilización de materiales que no impacten negativamente en el ambiente y un contacto fluido entre productores para evitar la terciarización. Estas redes han logrado avanzar en algunas mejoras para los pequeños productores, como los cafetaleros de México que gracias a la organización hoy pueden discutir precios justos con Nestlé y otros gigantes. Sin embargo, al comparar con experiencias locales se ve que las posibilidades de desarrollo de estas redes en Europa son incomparablemente superiores a las de América Latina. No solo el ingreso por habitante, sino también la misma lógica de producción global hace que parezca ridículo transpolar estos conceptos a la realidad del tercer mundo. Una vez más, conceptos como comercio justo, consumo responsable, diseño sustentable, etc.

Inundan las discusiones de muchas bienintencionadas organizaciones que pretenden transformar este sistema macabro de explotación maximizando los pocos elementos de humanidad que le quedan. La lógica sistémica de superexplotación de los trabajadores para engordar ganancias no parece ser una variable de análisis. Solo quedan los buenos y los malos empresarios y qué estrategias aplicamos para ganar a los últimos y conducirlos por la senda de la Responsabilidad Social Empresarial. Nunca una lógica donde el trabajador seguirá siendo explotado por las mismas reglas que rigen una industria y superan las buenas intenciones. En indumentaria, todos los productores, o la mayoría, consideran justo pagar por mano de obra un 3,6 % del precio al público. Este mínimo de gasto se consigue a costa de esclavizar trabajadores.

Ante la pregunta “¿por qué no pagar 5 pesos más?” se responde una y mil veces con la necesidad de ser competitivos. Violar derechos humanos elementales es un costo a pagar cuando se trata de competir en el mercado. Los trabajadores más vulnerables pagan con su salud las necesidades de estos empresarios, que no podrían completar su hazaña sin la complicidad de los aparatos inspectivos del Estado y las fuerzas de seguridad. Si no fuera así, ¿cómo se explica que la Alameda, en su lucha contra los talleres clandestinos, haya terminado denunciando a la comisaría N 40 de Parque Avellaneda por cohecho?

En general, el ideal de producto o el mismo concepto de desarrollo sustentable se reducen al impacto ambiental que genera, tanto el proceso productivo como el producto en sí. La sustentabilidad social en términos de calidad y respeto por las condiciones de trabajo quedan en un segundo plano. Esta misma lógica es la que permite que muchas veces el mote de empresa socialmente responsable sea cartón pintado. Ejemplo es el caso de MUAA, que pretendía exponer sus productos en las jornadas de medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, jactándose de utilizar algodón orgánico, mientras está denunciada por la Alameda por utilizar trabajo esclavo en la confección de sus prendas. No se trata de negar el papel central que tiene el consumidor en pos de transformar las injustas condiciones del mercado. Castigar a las empresas que mantienen este tipo de prácticas es un elemento sin duda influyente. Pero mientras el Estado las proteja, se hace difícil e injusto dejar en manos de los que cada vez ganan menos y hacen malabares para llegar a fin de mes la responsabilidad de consumir conscientemente, informándose de las condiciones de producción y el impacto ambiental de lo poco que alcanzan a comprar. Las redes alternativas de comercio y las campañas de concientización son necesarias y alcanzan logros destacables. Pero atribuir a malas decisiones de empresarios mercenarios todas las injusticias del sistema económico es tapara el sol con una mano. Denunciar no solo a las empresas sino también a sus cómplices del gobierno y el sistema judicial es un elemento indispensable, generando siempre alternativas que sean ejemplo de producción justa y cooperativa.

Mención aparte merece el Gobierno de la ciudad, organizador de las jornadas. En su presentación, Enrique Avogadro, Director general de Industrias Creativas y Comercio Exterior, enfatizó la importancia del diseño creativo en pos del desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida. La utilización de materiales reciclables con este fin está a la orden del día. Presentó una extensa lista de las actividades que desarrolla el gobierno de la ciudad en su lucha por impulsar a los creativos a producir beneficiando al medio ambiente. El mismo gobierno de la ciudad que no ha tenido ningún avance en la erradicación de talleres clandestinos en Capital Federal, pero sin duda, con tanto programa, logra que las prendas que confeccionan manos esclavas sean biodegradables.

La batalla por los esclavos de la patagonía

 Por Lucas Schaerer

Falopa, prostitución y casino. Estas tres mercancías masificadas en suelo patagónico son las claves para las complicidades y costumbres más abyectas construidas por y desde el poder en la provincia de Santa Cruz. Quienes lo dejaron en evidencia y dan una pelea épica en su contra es la organización Alameda, que estuvo desde este lunes a miércoles en la ciudad capital. En esta segunda visita pública a la provincia, la Alameda evidenció a los cuatro puntos cardinales esta putrefacta planificación política. Esto provocó movimientos espasmódicos del establisment santacruceño.

La Alameda se reunió con los representantes legislativos de la oposición, que son los victoriosos en la última elección; además los recibió la jueza y fiscal que llevan adelante la causa de las “Casitas” que derivó en otra de drogas; y los militantes planificaron junto con el líder de la iglesia católica las alternativas a las mafias prostibularias. Las citas con oposición, iglesia y justicia ya forma parte de la historia de los diarios y radios más importantes de Santa Cruz.

A los legisladores de la oposición que lidera Eduardo Costa se les dejo una propuesta. Que convoquen públicamente al gobernador Daniel Peralta a elaborar en conjunto un proyecto de ley para derogar las ordenanzas que habilitan bares y wiskerias que son tapaderos de prostíbulos. Quien quedaría como arbitro entre ambas fuerzas políticas es el obispo Juan Carlos Romanin.

Esta propuesta no significará la impunidad. A la justicia la Fundación Alameda le encomendó más pistas para investigar y para ello se hicieron dos ampliaciones a la primera denuncia de abril. Se aportó tanto de los sitios donde fue reconvertida las “Casitas”, como las rutas del tráfico de personas, y pidió el alejamiento de los efectivos policiales locales. Sobre la policía local sobrevuela sospechas de encubrimiento mafiosos que llegan al punto de los asesinatos de sus propios policías de bajo rango, como Chocobar y Sayago.

La Alameda también tuvo en su agenda el diálogo con la comunidad gállense. Tanto por la charla en la Universidad Nacional Austral Patagonia, como con los periodistas, congregaciones religiosas, y vecinos. Con todos ellos se está pensando impulsar plurales espacios culturales. Hoy ausentes.

Este viaje de la Alameda a las entrañas del poder nacional puso blanco sobre negro: en lo político, judicial, mediático, y en lo policial.

“Las Casitas” de prostitución, con cerca de 300 mujeres que no salían ni a comprar cigarrillos, ubicadas en el patio trasero de la terminal de micros, no era solo una denuncia mediática que por primera vez registró audiovisualmente el interior del mayor centro de encierro sexual de argentina.

 
En lo judicial avanzó, por decisión de una jueza y fiscal, pero demostró las limitaciones de recursos con las que deben lidiar. Por ejemplo los altos mandos de la policía provincial deschavaron el allanamiento a las “Casitas” a principios de junio.

Pese al aviso del allanamiento quedaban en las “Casitas” unas 150 mujeres. Ellas testimoniaron ante la justicia federal local. Aunque bajo la coerción de la mafia proxeneta. Algo inevitable y típico en causas con Trata donde el Estado no propone alternativas a las víctimas ignorando así los tratados internacionales ratificados por ley, como el Convenio contra la Discriminación de la Mujer, y solamente creando huecas Subsecretarias de Derechos Humanos sin protocolo de asistencia integral a las víctimas del encierro sexual. Esto que implica sobretodo seguir sometidas al consumo de drogas, alcohol y tabaquismo, para aguantar una vida de abusos de lunes a lunes, que no respeta feriados, fechas patrias, ni festividades.

Las mujeres traficadas desde otros países –como Paraguay o más remotos como República Dominicana- y provincias pobres del norte argentino siguen viviendo, hasta el día de hoy, en los mismos bares estilos casitas de colores de Río Gallegos. Dependiendo de la manutención de la madame que ahora las obliga al delivery sexual. Y con un núcleo de treinta proxenetas, y manos derechas, que salen a la calle y en los medios a marcar su rechazo al avance de la justicia.

Entonces las esclavas sexuales, sin saberlo, son la disputa de la madre de todas las batallas: la jurídica.

Por una lado, los reglamentistas. Estos mostraron el rostro a favor del proxenetismo. En la justicia están los denominados “progres” de la Sala II de la justicia Federal Nacional. Estos tres jueces, Farah, Cattani e Irurzun, fallaron a favor de los prostíbulos. En una causa con menores de edad prostituidas a manos de un ruso y mujeres en el microcentro porteños aseveran los magistrados que es inconstitucional prohibir los prostíbulos. Pero mucho antes los jueces Farah, Cattani e Irurzun se habían mandado otra a favor del poder sin derechos humanos. La esclavitud laboral, puntualmente los talleres textiles, para estos tres jueces no era otra cosa que una costumbre de la comunidad indígena en Bolivia, los Allyu. En la causa contra los dueños de la marca SOHO esto se intenta aplicar.

Mientras que en lo político -coincidiendo con la Sala II- valen las palabras de Aníbal Fernández pos escrache a la red de prostíbulos en Constitución y Monserrat. En tanto que en Santa Cruz del gobernador para abajo, y la mayoría de los intendentes como el que esta semana salió en defensa de los cabarets en pueblo de La Pampa. Para todos estos la esclavitud sexual es un “comercio” y se enmarcan en “costumbres culturales” inalterables y privadas de los hombres.

 

 “Es común en las familias de Gallegos que las mujeres esperen con el café al hombre cuando vuelve de las Casitas, o que los tíos y padres lleven a debutar a los adolescentes”, contó una estudiante universitaria de Gallegos en una clase encabezada por Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda, y Mario Ganora, abogado.

En el caso de las “Casitas” justifican que es preferible el control Estatal a través de las libretas sanitarias para las chicas encerradas y con la custodia policial echando a los clientes por las mañanas. Esto llega al punto máximo cuando el Estado recauda de esta flagrante violación a derechos humanos básicos. La intendencia de Río Gallegos desde hace veinte años que cobra impuestos de ABL a los proxenetas por instalarse en tierras fiscales.

En las antípodas están los abolicionistas. La Fundación Alameda, con sus militantes y un equipo de voluntariosos abogados prestigiosos, han logrado varias victorias inéditas. Coincidir a las organizaciones protagonistas del Encuentro de la Mujer en el mismo repudio público contra la Trata y la esclavitud sexual que dio el cardenal Jorge Bergoglio en Plaza Constitución. Y a nivel de Santa Cruz el obispo, Juan Carlos Romanin, fue quien consiguió del intendente de la localidad Piedra Buena que derogará la habilitación de los bares y wiskerias, los tapaderos de prostíbulos en ese pueblo santacruceño.

En este avance plural de la Alameda contra las “Casitas” de Gallegos se logró que el procurador Nacional Esteban Righi impartiera a los fiscales de todo el país una resolución para aplicar la prohibición de los prostíbulos, y que el Departamento de Estado norteamericano hiciera mención a las atrocidades de la Trata y esclavitud en argentina. Hasta en ámbitos con reconocimiento mundial, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Alameda tuvo incidencias. El abogado Ganora logró con sus postulados que se elaboré un manual contra la Trata y Trabajo Forzoso que debe ser aplicado por la policía de trabajo de toda la república. Todo esto sin detenerse en los avales individuales de diputados nacionales, que llegan hasta propios aliados del kircherismo.

La Alameda con esta segunda visita pública de la semana pasada no hizo más que construir una clara barricada.

De un lado quienes quieren reglamentar la Trata y el proxenetismo, postura reivindicada antes de 1930 por este país, y enfrente quienes buscan implementar efectivamente los más modernos tratados internacionales del planeta que coinciden con la ley de profilaxis y enfermedades venéreas, que fuera impulsada por socialistas anticlericales como Alfredo Palacios.

Igual lo jurídico acompaña otra disputa. La batalla entre la sociedad con vetustas costumbres y otra sociedad muy alejada de ello, pero que aún se mantiene pasiva frente a la ignominia de las esclavas sexuales argentinas y extranjeras. Lo demuestran los errados vaticinios sobre las olas de violaciones que haría el macho patagónico, como pregonaban muchos con el cierre de las Casitas, y que nunca ocurrió. Mientras esos hablan otros están impulsando desde abajo la cultura.

Unas cinco mil personas por internet están avalando una campaña por la construcción de un cine, y en los barrios más marginales de Gallegos, quienes tienen calado el frío polar en los huesos, grupos de mujeres impulsan políticas comunitarias sin padrinos políticos o campañas proselitistas.

A la vista se está librando una batalla crucial contra la esclavitud sexual en esa ciudad, que repercute en toda la patria. De fracasar esta inusual disputa para liberar a las esclavas de los prostíbulos avanzaría sin límites y encubierto en un discurso de defensa de las acciones privadas (artículo 19), la escandalosa y mafiosa derogación del artículo 17 de la ley 12.331 que prohíbe tácitamente la instalación de casas de prostitución.

La Fundación Alameda lleva el estandarte de una nueva historia que se esta construyendo. Ese lugar se lo ganó a fuerza de acción, pluralidad y debate. A tal punto que muchos confunden a Susana Trimarco, madre de Marita Verón, como integrante de la Alameda. A tal punto la referencia contra las injusticias, que Vera y Ganora recibieron denuncias de anónimos y por la calle sobre violaciones a los derechos humanos que no son de las mujeres en los prostíbulos.

La ruptura con las costumbres anticuadas y discriminadoras a todo nivel ya comenzó en Gallegos. Se retoma las banderas de las asambleas del 2002 y más cerca en el tiempo de los docentes. La puja es evidente entre los dos modelos. El prostibulario o la libertad. El esclavista o la emancipación. La batalla contra la Trata sexual abarca inevitablemente a la laboral. Esta pelea será decisiva para frenar las humillaciones en los trabajos, en la facultad y en la familia.

Cuánto tiempo más se mantendrá la pasividad de los buenos?