Bloqueo al molino de la esclavista y explotadora de niños Nuestra Huella SA

Dos diarios nacionales, Pagina/12 y Buenos Aires Economico, han publicado en el dia de hoy el bloqeo que los costureros y militantes de la Alameda mas los cartoneros del MTE hicimos a la empresa Nuestra Huella SA. Que pese a todas las demandas judiciales y pruebas aportadas aun sigue despidiendo a quienes denuncian el trabajo infantil

 

Pagina/12

SOCIEDAD › DENUNCIAN A UNA EMPRESA POR TRATA DE PERSONAS Y TRABAJO INFANTIL

Un bloqueo ante la granja

Organizaciones que vienen denunciando el trabajo esclavo bloquearon ayer el acceso al molino de la empresa Nuestra Huella, en Pilar. Denuncian que la granja avícola contrata familias con varios hijos para que todos trabajen en el lugar.

@Hombres, mujeres y niños que madrugaron durante años para trabajar en alguna de las setenta granjas avícolas que la empresa Nuestra Huella S.A. tiene en el territorio bonaerense, y por las que sus dueños son investigados en la Justicia por “trata de personas” y “trabajo infantil”, se concentraron ayer desde las 5.30 con el respaldo de la organización La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) –organizaciones que vienen denunciando el trabajo esclavo– para bloquear el acceso al molino de la empresa, ubicado en la localidad de Pilar. Tras ocho horas de bloqueo, los manifestantes consiguieron que, por primera vez, la delegación del Ministerio de Trabajo bonaerense llamara a una conciliación el miércoles para la reincorporación de dos trabajadoras. Además, la delegación ministerial se comprometió a tomar acciones por la denuncia de que la empresa “contrata grupos familiares con varios hijos para la explotación de los mismos”.

“Una asistente social me recomendó que firme mi renuncia con la promesa de recibir una indemnización. Yo necesitaba la plata, mi hijita estaba enferma y tenía que cuidarla, en la granja me amenazaban con despedirme por abandono de trabajo. Pero de los siete mil pesos que me prometieron sólo me dieron 1400”, denunció la despedida Marisol Díaz Mereles, que trabajó de sol a sol durante dos años con su marido en la granja La Escondida. Un año lo hizo sin sueldo.

Antes del amanecer, unas 80 personas ya estaban ubicadas frente a los tres grandes silos del molino donde la empresa Nuestra Huella S.A. recibe la materia prima para producir el alimento que abastece a las decenas de galpones ubicados en las localidades de Exaltación de la Cruz, Pilar, Mercedes, Capilla del Señor, Lima y Escobar.

La hilera de camiones “bloqueados” se comenzaba a acumular a lo largo de la calle Eucalipto, en una zona rodeada de quintas donde las primeras luces de la mañana dejaban ver padres y niños que recolectaban verduras. La neblina disipada también permitía ver en toda su extensión la granja avícola de Nuestra Huella, que funciona al lado del molino que desnudaba otro problema: “Allí trabaja un hombre de 30 años con toda su familia, pero no va a salir a denunciar nada porque está bajo amenaza”, explicó Agustín Navarro, secretario general de la Unión de Trabajadores de Granjas Avícolas (UTGA), despedido por su participación gremial y con una reincorporación judicial que aún no se efectivizó. Es la misma situación de Oscar Taboada, despedido en enero de 2009.

Después de cinco horas de bloqueo, las respuestas se fueron a buscar a la delegación del Ministerio de Trabajo de Pilar. En la reunión, Navarro no fue reconocido como representante gremial –a pesar de que la inscripción de la UTGA está radicada en la cartera de Trabajo nacional y fue reconocida por las órdenes judiciales de reincorporación–, pero como particular reclamó la reincorporación de las granjeras Díaz Mereles y María Soledad Garzón y solicitó que se realizara un informe de los asistentes sociales Patricia Gautter y Claudia Eramo por “falsas promesas de indemnización y engaño de alta laboral”.

Cuando frente a los silos la situación comenzaba a caldearse por la intensidad del sol y la falta de respuestas llegó la noticia de que el titular de la delegación de Trabajo, Marcelo Martino, llegaría a realizar una inspección para “constatar el conflicto” y llamar a una audiencia de conciliación. Dos horas más tarde y custodiado por tres patrulleros, Martino llegó frente al molino de Nuestra Huella, pero se dirigió directamente adentro del predio para constatar que la familia que allí trabaja –y se escondió durante toda la mañana– lo hacía “normalmente”.

Con la audiencia confirmada para el miércoles, los granjeros despedidos no se conformaron. “Hace dos años que denunciamos la situación de explotación y nadie nos quiere escuchar”, apuntó Mereles, mientras alrededor de Martino, todos los chicos y presentes pedían que se le tomara declaración de la situación de explotación infantil que vivieron. Luego de idas y vueltas, Martino permitió que en la declaración de Navarro –denunciante ante la delegación– se agregara que la empresa “contrata grupos familiares con varios hijos para la explotación de los mismos” y prometió informar de manera inmediata a la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti).

Informe: Nahuel Lag.

SOCIEDAD › EL TESTIMONIO DE UNA EMPLEADA

“Iba al colegio si podía”

Juntar y ordenar los huevos en las 45 cajas diarias que exigía la empresa, remover el excremento de las gallinas y tirarle cal para mantenerlo seco, rociar desinfectantes para las moscas sin protección y hasta subirse a los techos podridos de los galpones para quitar las ramas, luego de una tormenta, con el riesgo de caerse y quebrarse como le ocurrió a su primo. Todas esas cosas cuenta Sara Valenzuela que hizo entre sus nueve y doce años en la granja Fernández de la empresa Nuesta Huella SA.

Ella misma lo contaba ayer frente al molino de la empresa para la que trabajaba cuando al esposo de su madre lo enviaban a hacer un reemplazo a otro galpón y “tenía que ayudarla para que no hiciera mucho esfuerzo estando embarazada”.

Entonces, Sara tenía nueve años y debía cursar el cuarto grado pero “iba al colegio cuando podía, si no faltaba para trabajar”. El caso de Sara no es único ni se terminó en 2008 cuando despidieron al esposo de su madre y a su abuelo que trabajaba en un galpón lindero. La Alameda cuenta con videos que registran que de trabajo infantil hay “generación 2008, 2009 y 2010”, aseguró Gustavo Vera, referente de la organización. Por eso, el Juzgado de Garantías Nº2 de Zárate-Campana, a cargo de la jueza Graciela Sione, está a punto de llevar a juicio la causa que investiga por “trabajo infantil” a la accionista principal de Nuestra Huella SA, Leticia Luace, y la presidenta, Alejandra López Camelo.

Los chicos del trabajo esclavo

La primera denuncia sobre trabajo infantil en las granjas de Nuestra Huerta S.A. fue realizada por La Alameda a través de una cámara oculta en agosto de 2008 y difundida de forma exclusiva por Página/12. A casi un año y medio de esa denuncia, se realizaron inspecciones del Ministerio de Trabajo que confirmaron la repetida práctica de explotación, mientras que la Ufase, a cargo de Marcelo Colombo, avanza en la indagatoria por “trata de personas”.

Buenos Aires Económico

Tras un piquete, intervino Trabajo bonaerense

Denuncian despidos y empleo infantil en una empresa del sector agrícola en Pilar

 

09-02-2010 /  Trabajadores despedidos tomaron durante nueve horas una empresa avícola denunciando despidos y trabajo esclavo. Luego intervino el Ministerio de Trabajo de la provincia y determinó una audiencia de conciliación entre las partes.

Por Luis Autalán

Tra­ba­ja­do­res des­pe­di­dos de las gran­jas aví­co­las de la em­pre­sa Nues­tra Hue­lla S.A. –con el apo­yo de in­te­gran­tes de la Fun­da­ción Ala­me­da y el Mo­vi­mien­to de Tra­ba­ja­do­res Ex­clui­dos– blo­quea­ron ayer du­ran­te nue­ve ho­ras el in­gre­so al mo­li­no que la fir­ma po­see en Pi­lar. Allí exi­gie­ron la rein­cor­po­ra­ción de los em­plea­dos y ase­gu­ra­ron que en esos mo­li­nos y es­ta­ble­ci­mien­tos aví­co­las exis­te “tra­ba­jo in­fan­til es­cla­vi­zan­te”.

En esa tó­ni­ca for­za­ron la in­ter­ven­ción del Mi­nis­te­rio de Tra­ba­jo de la pro­vin­cia, que de­ci­dió con­vo­car a las par­tes a una au­dien­cia de con­ci­lia­ción a rea­li­zar­se ma­ña­na en la de­le­ga­ción de la car­te­ra la­bo­ral con se­de en Pi­lar. La au­to­ri­dad má­xi­ma de esa de­pen­den­cia, Mar­ce­lo Mo­li­na­ri, acom­pa­ña­do por la po­li­cía se hi­zo pre­sen­te en el lu­gar y lue­go de aca­lo­ra­das dis­cu­sio­nes y em­pu­jo­nes la­bró un ac­ta don­de se agre­gó el tes­ti­mo­nio de dos me­no­res de edad (am­bas de 13 años) quie­nes le ase­gu­ra­ron a es­te dia­rio que des­de el 2005 al 2008 tra­ba­ja­ron en la Gran­ja Fer­nán­dez, “la cual per­te­ne­ce a los mis­mos due­ños”, di­je­ron las jó­ve­nes.

El da­to re­le­van­te, a con­si­de­ra­ción de los ma­ni­fes­tan­tes, fue la in­cor­po­ra­ción, en el ac­ta ru­bri­ca­da por la au­to­ri­dad la­bo­ral bo­nae­ren­se, de ese pun­to –el tra­ba­jo in­fan­til– que tan­to los des­pe­di­dos, co­mo el MTE y Ala­me­da de­nun­cia­ron pú­bli­ca­men­te en cuan­to a la “ser­vi­dum­bre” de me­no­res de edad. In­clu­so ayer ade­más de las jó­ve­nes ci­ta­das, los hi­jos de Car­men Ve­ra (ver re­cua­dro) de­cla­ra­ron ha­ber tra­ba­ja­do en ese mo­li­no –de es­pal­das a las cá­ma­ras de un ca­nal de no­ti­cias– en diá­lo­go con un pe­rio­dis­ta.

En efec­to: la ocu­pa­ción del in­gre­so en el mo­li­no, que abas­te­ce de ali­men­tos a las gran­jas que po­seen ga­lli­nas po­ne­do­ras, co­men­zó mi­nu­tos des­pués de las 5 de ayer, cuan­do los tra­ba­ja­do­res e in­te­gran­tes de la Fun­da­ción Ala­me­da, por­tan­do ban­de­ras y fi­jan­do car­te­les en el por­tón de in­gre­so, en­cen­die­ron neu­má­ti­cos.

Mien­tras tan­to, Pa­blo Ser­na­ni, abo­ga­do de los tra­ba­ja­do­res, tam­bién pre­sen­te en ese lu­gar, le se­ña­ló a Bue­nos Ai­res Eco­nó­mi­co que esa fir­ma y otras del mis­mo gru­po em­pre­sa­rial tie­nen di­fe­ren­tes cau­sas pre­sen­ta­das an­te la Jus­ti­cia. “Una ya es­tá a un pa­so de lle­gar a jui­cio oral”, y agre­gó: “La otra por tra­ta de per­so­nas tam­bién es­tá pro­gre­san­do, so­mos op­ti­mis­tas”. Ser­na­ni re­cor­dó que esa em­pre­sa fue mul­ta­da en $1 mi­llón por el go­bier­no de la pro­vin­cia de Bue­nos Ai­res, a tra­vés de la car­te­ra la­bo­ral, “pe­ro nun­ca pa­gó”, di­jo el abo­ga­do.

DE­NUN­CIAN­TES. Agus­tín Fe­rrei­ra, quien ayer fue se­ña­la­do co­mo el se­cre­ta­rio ge­ne­ral de UT­GA y se de­sem­pe­ña­ba co­mo de­le­ga­do en Nues­tra Hue­lla, fue des­pe­di­do y a pe­sar de con­tar con un fa­llo a su fa­vor pa­ra ser rein­cor­po­ra­do, la em­pre­sa no aca­tó esa me­di­da.

Ma­ri­sol Díaz Me­re­lle (pa­re­ja de Fa­rías) y Ma­ría So­le­dad Gar­zón, por su par­te, de­nun­cia­ron que fue­ron for­za­das a en­viar el te­le­gra­ma de des­pi­do y acu­sa­ron a dos tra­ba­ja­do­ras so­cia­les por eso. “Clau­dia Era­mo y Pa­tri­cia Gaut­ter me hi­cie­ron la ca­be­za pa­ra que yo re­nun­cia­ra, me di­je­ron que iba a co­brar 7.000 pe­sos. Mi hi­ja es­ta­ba muy mal, por­que se en­fer­mó en es­te mo­li­no por las fu­mi­ga­cio­nes de los gal­po­nes y yo le creí. Cuan­do fui al ban­co te­nía $1.400 y es­ta­ba sin tra­ba­jo”, de­nun­ció Ma­ri­sol Me­re­lle a es­te me­dio.

Gus­ta­vo Ve­ra, de la Fun­da­ción Ala­me­da, le ex­pre­só su con­for­mi­dad a es­te me­dio por la re­per­cu­sión de la pro­tes­ta: “La au­dien­cia en Tra­ba­jo es un lo­gro; aho­ra hay que po­ner to­da la ener­gía pa­ra que es­ta gen­te re­cu­pe­re su em­pleo y es­pe­rar que la Jus­ti­cia se ocu­pe del tra­ba­jo in­fan­til”. Por su par­te, Juan Gra­bois, del MTE, se­ña­ló que es­tos mo­li­nos “es­tán a pun­to de ser ad­qui­ri­dos por una em­pre­sa aus­tría­ca, Ovo­prot In­ter­na­cio­nal, pe­ro tam­po­co les va­mos a per­mi­tir que es­tos eu­ro­peos con mu­cha pla­ta ex­plo­ten a nues­tros ni­ños”.

El di­ri­gen­te an­ti­ci­pó una mar­cha a la em­ba­ja­da aus­tría­ca en día y ho­ra a con­fir­mar.

Rescate de 68 mujeres en allanamientos a los prostíbulos de Mar del Plata

Siendo las 5 de la madrugada de este domingo siete de febrero se allanaron el total de 17 prostíbulos en la Ciudad de Mar del Plata, de los cuales 14 se basan en la denuncia de la Fundación Alameda. Se rescataron un total de 68 mujeres y 7 travestis, migrantes en su abrumadora mayoría, entre ellas una menor de nacionalidad dominicana. Ya se formalizaron tres causas por Trata producto de la menor extranjera y porque las mismas mujeres han solicitado el rescate. De allí la inmediatez de la configuración penal por la ley nacional de Trata Nº 26.364.

Se encontraron cuatro paraguayas y dos dominicanas encerradas en un sótano de la calle Ayola 2925. En la “Casita Verde” de España 933, fueron ubicadas 8 paraguayas. En el prostibulo frente a la vieja terminal de micros Sarmiento 2816 tres paraguayas. En Salta 1393, un total de 11 paraguayas. La dominicana menor se encontró en Vieytes 2340. En el prostibulo de Rawson 1427 cuatro mujeres entre ellas una paraguaya. En el prostíbulo ubicado en Falucho 4071 rescataron nueve personas: cuatro travestis, dos paraguayas, dos dominicas, y una argentina, en ese lugar había pedido de allanamiento desde el miércoles y el juez federal Pradas no dispuso ninguna medida desde entonces.    

A partir de la denuncia de la Fundación Alameda radicada el 25 de enero, una jueza Correccional comenzó en la noche de este sábado seis de febrero a allanar. Se denunció que en los prostíbulos (ilegales por ley) además existen los delitos de trata de personas, reducción a la servidumbre, prostitución de menores y tráfico de estupefacientes.

La jueza correcional marplatense Ana Fernández preparó los allanamientos con la lista de casas de explotación sexual -prohibidos por la ley de profilaxis 12.331- que investigó la Fundación Alameda y aportó a la Fiscalía General local, a cargo de Daniel Adler. Las pruebas otorgadas en la causa son las filmaciones con cámaras ocultas y los testimonios detallados como crueles de quienes investigaron.

Las fuerzas de seguridad que están llevando adelante los allanamientos son la DDI Departamental local con refuerzos y la División Trata de Personas de la Policía Federal. Prestan colaboración al operativo judicial la unidad fiscal UFASE de Procuración Nacional, la Oficina de Rescate a la Víctima del Ministerio de Justicia Nacional, y la Oficina de Asistencia a la Víctima Bonaerense.  

     

Entre otros lugares allanados: 1) “Friends” Lamadrid 2119 (frente al Hotel Provincial). 2) “La Casita Verde” España 933. 3) “La Casita de Anahí” Ayacucho 3616. 4) Sarmiento 2816 (frente a la vieja terminal). 5) Rawson 1457. 6) España 1033. 7) “Gestoria” España 1412. Falucho 4071. 9) Lamadrid 2271. 10) Vieytes 2340. 11) Salta 1393. 12) Ayola 2925.

La jueza Fernández que trabajó la denuncia en conjunto con el fiscal Adler decidió que en cada allanamiento se instale una clausura con consigna policial a fin de evitar restablecimiento de la ilegal actividad como ha sucedido en el caso del prostíbulo “la Casita Azul”, ubicado en la calle 20 de Septiembre 57, y que por decisión de no actuar del juez federal Rodolfo Pradas continúa con su actividad ilícita.

Mar del Plata: El poder político avanza contra la red prostibularia

Página/12 publica en su edición de hoy la primicia que el Consejo de Deliberantes marplatense creará una oficina para acompañar la denuncia de la red narco-prostibularia local que realizó la Fundación Alameda. El poder político empezó a atender que no se puede callar ante estas mafias inhumanas y dejo en evidencia a los denunciados y sus defensores.

Primera respuesta para tratar la trata

Es el primer paso que da el poder político local. El Concejo citó al jefe policial y al ex juez Daguerre, que había dicho que la ley no permite combatir la trata de personas. Daguerre se mostró molesto por lo publicado en Página/12 y por la denuncia.

Por Carlos Rodríguez

Una “mesa de trabajo” que sesionó en el Concejo Deliberante de Mar del Plata, integrada por legisladores, jefes policiales, magistrados y dirigentes de organizaciones sociales, analizó la creación de la Dirección General de Derechos Humanos. La tarea del organismo, en lo inmediato, será la de seguir de cerca todas las investigaciones relacionadas con la trata de personas y las investigaciones judiciales que se motorizaron a partir de la denuncia realizada, la semana pasada, por la Fundación La Alameda, sobre la existencia de al menos 94 prostíbulos que funcionan en esa ciudad y que esclavizan a mujeres, en su mayoría procedentes de países vecinos. La iniciativa es la primera respuesta formal, desde el poder político local, frente a la avalancha de denuncias contra los prostíbulos. Hasta ahora, tanto el municipio como el Concejo Deliberante habían permanecido ajenos al tema, aunque ya son 45 las causas acumuladas en la Justicia marplatense, antes de la denuncia presentada hace diez días por La Alameda. Mientras, a nivel judicial, sigue avanzando la investigación sobre lo denunciado por la organización social y se reiteran los pedidos de clausura de sitios que ya tienen procesados a sus dueños, como es el caso de un privado que sigue funcionando en la calle Falucho 4071.

La historia de este prostíbulo comenzó a develarse el 11 de febrero de 2009, a partir de un megaoperativo ordenado por el juez Pedro Hooft que incluyó a otros diez domicilios de Mar del Plata en los que funcionaban “privados” o whiskerías donde había mujeres ejerciendo la prostitución. En diversos operativos fueron detenidas cuarenta y ocho personas, entre mujeres que eran obligadas a prostituirse –la mayoría de ellas extranjeras–, proxenetas y clientes que recuperaron su libertad luego de ser identificados.

Entre las mujeres que eran explotadas había tres dominicanas y un grupo de nacionalidad paraguaya. En la causa hay varios procesados y por esa razón, el fiscal Gustavo Marcelo Rodríguez se presentó ante el juez Fernando Pradas “para insistir en que se decrete la inmediata clausura del ‘privado’ que funciona en la calle Falucho 4071”.

El fiscal Rodríguez hace mención a la presentación realizada el 26 de enero pasado, ante la Fiscalía General, por Gustavo Vera en representación de La Alameda. Se cita, además, que de la consulta realizada en la sección clasificados del diario La Capital, entre uno de los “números de contacto” para potenciales clientes, se menciona el 475-9976 que sería el instalado en el privado de la calle Falucho. En la causa iniciada hace un año por Hooft y seguida ahora por la Justicia Federal, se comprobó la presencia de al menos dos mujeres explotadas. En los avisos, tal como pudo constatar Página/12 se ofrecen chicas, con nombres tales como “Mily”, “Evelyn, diosa travesti”, “Chiara” o “Tamara”, entre otras.

El fiscal recordó que la actividad es ilícita porque La Ley de Profilaxis prohíbe casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella. También se mencionó que “cualquier autoridad nacional, provincial o municipal, que tenga conocimiento de la existencia de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella, estará obligada a denunciarla para su inmediata clausura”.

Rodríguez puntualizó que teniendo en cuenta los convenios internacionales que “prohíben y repudian la trata de personas”, el hecho de disponer la clausura resultaría “una eficaz medida de prevención de la comisión de los delitos de trata de personas y de explotación de la prostitución ajena, al tiempo de ser un instrumento idóneo para hacer cesar la comisión del delito de trata o sus efectos”, tal como lo expresa el artículo 23 del Código Penal.

La falta de acción del poder político marplatense fue el tema central de la “mesa de trabajo” que se formó en el Concejo Deliberante y que volverá a reunirse el próximo jueves 11. La reunión se hizo por iniciativa de las concejalas Verónica Berasiarte (Frente para la Victoria) y Leticia González (Unión Cívica Radical). Participaron Guillermo Schütrumpf, del GEN (Generación para un Encuentro Nacional), Vilma Baragiola (UCR), Leandro Laserna y Marcela Amenábar (Acción Marplatense), los ex ediles Juan Carlos Cordeau, Cristina Coria y Viviana Roca,la titular de la Oficina Municipal contra la Discriminación y la Xenofobia (Omudi), Agustina Palacios, y también el presidente del Colegio de Magistrados, Manuel Fernández Daguerre, y el jefe de la policía distrital, Gustavo Salvá.

“El tema de la trata es muy grave en Mar del Plata. Todos sabemos de esos lugares, algunos los sospechamos cuando abrimos el diario y leemos que ‘tres paraguayitas se ofrecen para…’ La sociedad civil tiene que estar para controlarnos a todos y debemos hacer algo para que esto no siga sucediendo”, aseguró la concejal Berasiarte al justificar su planteo para la creación de una Dirección General de DD. HH., que podría quedar conformada el próximo jueves, para que se haga responsable del seguimiento del tema de la trata, con participación de los organismos de derechos humanos y ong marplatenses.

El ex juez correccional Fernández Daguerre volvió a defender la gestión de Salvá y aclaró algunas recientes declaraciones periodísticas, a la vez que cuestionó informaciones publicadas recientemente en Página/12. “Después de ver el programa Vidas Robadas comprendí que no era el uno por ciento o el uno por mil el porcentaje de mujeres que ejercían la prostitución como víctimas de la trata de personas”, admitió Fernández Daguerre, que antes había manifestado lo contrario.

Lo grave es que Daguerre reconoció que él pensaba que la mayoría de las mujeres ejercían la prostitución por propia voluntad en momentos en que se desempeñaba como juez en lo correccional y tenía intervención en un importante número de causas contra prostíbulos.

También Salvá cuestionó a los medios que se hicieron eco de la denuncia de La Alameda, presentación a la que calificó de “imprudente” y “desvergonzada” porque al ser difundida por la prensa “se enteró todo el mundo”, lo que supuestamente sería negativo para la efectividad de la investigación. Salvá, para defender su gestión, aseguró que encabezó más de 140 allanamientos, que nunca persiguió “a las mujeres” que ejercen la prostitución y que metió “presos a policías”.

La concejal Leticia González, en respuesta a Salvá, reivindicó “el derecho de una ONG (en alusión a La Alameda) de hacer una investigación sobre un problema que no se frena sino que crece” y el de los medios “a publicar la información”. La representante del Omudi, Agustina Palacios, dijo, en relación con la intervención de Daguerre, que “todas las mujeres ejercen la prostitución en contra de su voluntad”.

Dirigentes de los organismos de derechos humanos locales, presentes en la reunión, cuestionaron las posiciones que asumieron Salvá y Fernández Daguerre. “Es importante poder sacar a la luz el tema de la trata. Salvá y Daguerre pueden defenderse, pero hay muchas mujeres que no pueden defender sus derechos”, planteó Susana Méndez, del Seminario Permanente por Derechos Humanos de la Facultad de Psicología. Méndez instó a que se tomen medidas públicas urgentes en la materia y que “se termine con la publicidad en los diarios de los ‘privados’”, porque eso serviría para no darles información a los ‘prostituyentes’, como llamó a los clientes de los prostíbulos.