Mario Ganora, vicepresidente de la Fundación Alameda y abogado denunciante contra la red prostibularia en lo departamentos del juez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, hace una pormenorizada descripción de las pruebas judiciales que involucran al apoderado del cortesano. Aquí una nota con todas las pruebas e implicancias que tiene el caso Zaffaronigate en el máximo tribunal del país.
Por Mario Fernando Ganora
El caso Zaffaroni conmueve la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como institución responsable de la tutela del orden constitucional. La actitud del tribunal, expresada por su presidente, Ricardo Lorenzetti quien consideró que la cuestión no afectaba el funcionamiento de la Corte, así como el desinterés mostrado posteriormente frente a las sucesivas comprobaciones realizadas en las causas, nos obligan otra vez a romper el silencio y dirigirnos a la opinión pública recordando los sucesos que le sirven de antecedente.
El 15 de diciembre de 2009 se formuló una grave denuncia ante la Procuración General de la Nación por parte de legisladores, personalidades y OGNs, entre los que se encontraba el señor Gustavo Javier Vera, presidente de la Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo, respecto de la impunidad que gozaban los tratantes de personas y los proxenetas que explotaban los prostíbulos en la Ciudad de Buenos Aires. En esa ocasión se pidió al Procurador General de la Nación (Esteban Righi) que investigara la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en los arts. 117, 120 y 121 de la ley 25.871, 125 bis, 126, 127, 140, 145 bis y 145 ter C.P. y 15 y 17 de la ley 12.331 por parte de los responsables de la red de prostitución que se describía y sus eventuales cómplices y encubridores. El entonces Procurador General de la Nación righi dio intervención a la UFASE (Fiscalía Antitrata), a cargo de Marcelo Colombo, la que procedió a realizar las correspondientes investigaciones que dieron lugar a la apertura de causas tanto en la Justicia Federal como en la Justicia ordinaria de la Capital Federal. Esta denuncia dio también origen a la Resolución n° 99/2009 de la Procuración General de la Nación que trazó importantísimos lineamientos de política criminal para luchar contra la trata de personas.
Esta denuncia original fue ampliada ante la Procuración General de la Nación a raíz de publicaciones de la prensa periódica que daban cuenta de que el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, era propietario de algunos de los inmuebles denunciados que funcionaban como prostíbulos. También se le requirió al Sr. Procurador General de la Nación que adoptara las medidas pertinentes para promover el juicio político del magistrado en el caso de que fuera pertinente. Cabe destacar que Esteban Righi, a la sazón Procurador General de la Nación, derivó la denuncia a los tribunales que entendían respecto de los prostíbulos mencionados en la denuncia original y que presuntamente pertenecían a Zaffaroni.
A medida que la Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo tomaba conocimiento de nuevos casos en los que surgía que existían prostíbulos en los inmuebles propiedad del referido magistrado los fue poniendo en conocimiento de la Procuración General de la Nación y de la opinión pública. Fue así que se realizó una segunda ampliación de la denuncia, esta vez con mayores precisiones.
En esta ampliación se manifestó que conforme surgía de las constancias del Registro de la Propiedad Inmueble, Raúl Eugenio Zaffaroni era a esa fecha propietario de quince inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. Al menos en seis de ellos, habrían funcionado prostíbulos bajo la modalidad de privados, es decir departamentos en edificios sujetos al régimen de la ley de propiedad horizontal (ley 13.512) donde se explota encubiertamente la prostitución ajena. Los llamados privados a diferencia de otra clase de prostíbulos usualmente ubicados en locales comerciales que operan bajo una habilitación que les sirve de cobertura (whiskerías, pubs, locales de diversión nocturna “clase A”, cabarets, saunas, etc.) no están abiertos al público y por tanto no son inspeccionados por los organismos de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los inmuebles a nombre de Eugenio Raúl Zaffaroni que presuntamente operaban en la modalidad de “privados” eran los siguientes:
- Vicente López 2217 piso 5º 19: Este prostíbulo hacía su publicidad en la página de la web “Tacos Altos”, conforme surgía del material impreso que se acompañó con la denuncia. Resulta interesante mencionar que el teléfono correspondiente al inmueble estaba a nombre de Carlos A. De Vinzenzi, personaje que va a intervenir en gestiones vinculadas con el prostíbulo de la calle Pasaje Luis Dellepiane 668, piso 3°, Dpto. 8 de la Ciudad de Buenos Aires. Cabe señalar que de acuerdo con versiones recogidas de los vecinos del edificio el prostíbulo de mención habría operado con mujeres de origen paraguayo.
- Pasaje Luis Dellepiane 668 piso 3ero Depto. 8: Este prostíbulo se publicitaba mediante volantes y por publicaciones en la Revista Paparazzi y en las páginas de la web cuya impresión se acompañó a la denuncia. El funcionamiento del prostíbulo generó perjuicios a los vecinos que habrían recurrido a la justicia en busca de solución. Así fue que el Dr. Martín Sanguinetti perjudicado por las molestias causadas por la referida casa de tolerancia donde se explotaban mujeres de origen dominicano inició una mediación en 2009 por daños y perjuicios contra el señor Ricardo Montivero, quien era en ese momento el propietario del departamento de marras. Cabe señalar que el señor Ricardo Montivero era el anterior titular dominial de los inmuebles Vicente López 2217 5º 19 y Pasaje Luis Dellepiane 668 3ero 8 que ahora están registrado a nombre de Zaffaroni. Pese a que el mencionado Montivero habría sido correctamente notificado, éste no habría concurrido a la audiencia ante la mediadora Dra. Celina López. En su lugar se hizo presente una persona que carecía de poder de representación y que se identificó como Carlos A. De Vinzenzi quien se comprometió a resolver el tema, indicando que el verdadero propietario era el Dr. Eugenio Zaffaroni y que el titular dominial, Ricardo Montivero, era tan solo su testaferro. Pese a las referidas promesas el problema lejos de solucionarse se agravó. En efecto, la Sra. Elba Cenveses de Urquiza, administradora del edificio, habría sufrido amenazas por parte de una tal Marcia González y de Ricardo Montivero cuando les pidió resolver el conflicto que suscitaba el prostíbulo. Cabe destacar que la persona que respondía al nombre de Marcia González, quien también se hacía llamar “Dorita” era la persona que habría, a la sazón, oficiado de regente del prostíbulo y que se ocupaba de retirar la recaudación. Esta recaudación, según dichos de la administradora, habría ascendido a unos 6000 pesos mensuales. Dado que el incidente no se resolvió, la administradora realizó la denuncia en la Seccional 5ª de la Policía Federal Argentina. Dicha denuncia por infracción a la ley 12.331 (Ley de Profilaxis de las Enfermedades Venéreas) tramita en la Fiscalía Correccional Nº 4 bajo el número 33.379. Destacamos que el señor Ricardo Montivero tenía su domicilio fiscal en Boyaca 926, que es el inmueble donde reside actualmente Dr. Raul Zaffaroni. El teléfono de esa casa también estaba a nombre del referido Ricardo Montivero. Este sujeto está registrado en la AFIP como empleador CUIT: 20-08041540-1. En cuanto a Marcia González corresponde mencionar que ésta tenía a su nombre las líneas telefónicas de los departamentos de Pasaje Luis Dellepiane 668 Piso 3ero, Depto. 8 y de Bacacay 3110..
- Bacacay 3110/14: El inmueble registrado a nombre de Eugenio Raúl Zaffaroni (Mat. 5-9423/23, Nomenclatura catastral: Cir 5, Sec 65, Man 2 Par 6) y hasta hace unos días funcionaba como prostíbulo. Figura en el directorio telefónico que la titular del número 4619-1061 correspondiente al referido inmueble era la señora Marcia González que aparece en otros burdeles ubicados en los inmuebles del Ministro de la Corte. Esta casa de tolerancia hacía publicidad en la pagina “TACOSALTOS.COM” de la web conforme podía verse del material impreso que se acompañó a la denuncia. Cabe destacar que una vecina, la señora Beatriz Mercedes Rodriguez que el prostíbulo tiene mucho tiempo de funcionamiento y que hacía dos años había dos mujeres jóvenes que pensaba que eran menores. Los inconvenientes con los vecinos se intensificaron a raíz de que una publicación en Internet colocó erróneamente el piso y departamento del prostíbulo motivo por el cual los prostituyentes se equivocaban al tocar el botón del timbre del portero. Esta persona también manifestó que llegaban al lugar guías con contingentes de turistas a requerir los servicios del burdel. Informa que la administración del consorcio recibía las quejas de los vecinos. De acuerdo con la información recibida la administración trató de solucionar el problema comunicándose con la inmobiliaria Juan Calvo (Tel: 4501-1371) y entabló conversaciones con quien dijo ser el secretario del Dr. Zaffaroni, una persona de nombre Ricardo Montivero, aunque sin resultados.
- Av. Santa Fe 1240, Piso 10, Depto. “A”: Pese a que la denunciante no disponía aún del correspondiente certificado de dominio había fuertes presunciones de que el inmueble pertenecía al Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación toda vez que en la liquidación de expensas comunes practicada por la “ADMINISTRACIÓN SCHAMMAS DE DRA. MARIANA SCHAMAS” con domicilio en Santa Fe 1480, Piso 10, Depto. “A” de Capital federal que se acompañó a la denuncia figuraba el Dr. Zaffaroni como propietario de la Unidad Funcional n° 43 ubicada en el Piso 10 Depto “A”. El inmueble era una casa de tolerancia que poseía dos teléfonos (4814-2070 y 4815-4184) a nombre de Julio J Suárez y hacía publicidad en las páginas “TACOSALTOS.COM”, “bairesgirls” y “gemidos” conforme surgía del material impreso que se acompañó a la denuncia. En dicho burdel se explotaba la prostitución tanto de mujeres como de travestis como se podía comprobar de la publicidad que se efectúa en la red. Aparentemente la persona que regentearía el referido prostíbulo era una actriz de películas pornográficas que respondería al nombre de Ana Touche quien reconocía que ejercía allí la prostitución abonando doscientos pesos por día en concepto de alquiler.
- Paraguay 875 1º “A”. Este prostíbulo publicitaba en el portal “Profmasajes” conforme podía constatarse de los impresos de las páginas de la web que se acompañaron a la denuncia. Los teléfonos del inmueble estaban a nombre de Fabiana Sosa (4312-2206) y de Leonardo H. Torres (4311-1913)
- Marcelo T. de Alvear 1906 9º “A”: El referido prostíbulo hacía su publicidad en las páginas de la web que se acompañaron en el impreso (“TACOSALTOS.COM” y “bairesgirls”).
La tercera ampliación de la denuncia se formuló ante la Fiscalía la Fiscalía Correccional n° 7 a cargo del Dr. Edgardo José Orfila en la causa caratulada “Inmueble Subiría s/inf. Ley 12331 C.P.” (Expte. N° 76-882/A) que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Correccional n° 6 de la Capital Federal a raíz de que se había publicado en la revista “Noticias” del día 13 de agosto de 2011 que Jacobo Grossman, abogado y ex socio del Dr. Zaffaroni y, en este caso, vocero del Ministro de la Corte, (págs. 100/105) habría confirmado que Ricardo Montivero era el apoderado legal de este Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Grossman también habría sostenido en la citada publicación que Zaffaroni le alquiló a la señora Marcia González tres de los mencionados inmuebles con fines de vivienda y con prohibición de sublocación. Agregó que el Dr. Zaffaroni le habría alquilado con las mismas condiciones otros dos de los inmuebles mencionados a la señora Angélica Duarte. En estos dos últimos contratos la señora Marcia González se habría obligado como garante de la locataria. Estas cinco contrataciones y sus respectivas negociaciones las habría llevado a cabo Ricardo Montivero en calidad de apoderado de Zaffaroni operando con la inmobiliaria “Juan Calvo Propiedades” con domicilio en la calle Nazca 3271, aunque en realidad la inmobiliaria funcionaría en Nazca 3269, propiedad del hijo de Juan Calvo, el señor Gerardo Juan Calvo. Según los dichos de Grossman aparecidos en la mencionada publicación las operaciones realizadas por el señor Ricardo Montivero en nombre de Zaffaroni habrían correspondido a los inmuebles de Vicente López 2217 ($1000 el primer año y $1200 el segundo); Marcelo T. de Alvear 1909 ($ 1600); Bacacay 3112 (($ 1600 y $1900); Bacacay 3112 ($1600 y $1900); Luis Dellepiane 668 ($ 1300 y $ 1550) y Santa fe 1240 ($1350 y $1600). Según Jacobo Grossman ni Zaffaroni ni Montivero habrían sabido que el propósito de la locataria era el de utilizar los inmuebles para instalar prostíbulos.
Grossman señaló también que hubo una reunión realizada el sábado anterior al reportaje en la que se juntaron Juan Calvo, Ricardo Montivero y Marcia González para solicitarle a Marcia González que desalojara los departamentos.
En la cuarta ampliación de la denuncia, también formulada al titular de la Fiscalía Correccional n° 7, Edgardo José Orfila, en la mencionada causa se pone en conocimiento del Ministerio Público el cuadro probatorio existente en las investigaciones oficiales hasta la fecha realizadas que comprometen sobremanera la responsabilidad de Zaffaroni, algunas de las cuales obran en poder de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados. En efecto, surge de la nota y de la documentación aportada por Eugenio Raúl Zaffaroni a la Comisión en el expediente Nº 089-P-2011 lo siguiente:
a) El Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni le otorgó un poder general de administración al Sr. Ricardo Montivero mediante escritura pública nº 407 extendida por el escribano Eduardo H. Larronde con fecha 2 de agosto de 2000 para que en su nombre y representación intervenga en todos los negocios y asuntos de orden administrativo, presentes o futuros, cualquiera sea su naturaleza y jurisdicción a que correspondan. El señor Montivero estaba autorizado a administrar todos los bienes muebles, inmuebles y semovientes que posea o ingresen en el patrimonio del mandante y a contratar locaciones de cosas, servicios u obra como locador o locatario, afianzar locaciones de terceros, subalquilar, todo por precios, plazos y demás condiciones que estimare menester, pudiendo otorgar prórrogas, rescindir, modificar, ceder, aceptar cesiones, exigir restituciones, etc.
b) El señor Ricardo Serafín Montivero, DNI 8.041.540, con domicilio legal constituido en la calle Boyacá 932 celebró un contrato de locación el 10 de setiembre de 2009 con la señora Marcia González, DNI 11.697.867 con domicilio legal constituido en la calle Mahatma Gandhi 350 UF 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objeto de la locación era el inmueble de la calle Vicente López 2217, piso 5, depto. 19 de la CABA destinado a vivienda. El término de la locación era por veinticuatro meses a partir del 1 de setiembre de 2009 hasta el 31 de agosto de 2011 inclusive. El precio total de la locación era de veintiséis mil cuatrocientos pesos y sería pagado de la siguiente manera: los primeros doce meses debía abonarse la suma de mil pesos mensualmente y los doce meses siguientes la suma de mil doscientos pesos. Entre las obligaciones estipuladas estaba la de no subarrendar total o parcialmente el bien locado, no ceder ni trasferir derecho alguno sobre la propiedad, sea personal o real, parcial o total, ni el préstamo de uso, total o parcial (Cláusula quinta d)). Tanto los alquileres como el pago de expensas y servicios debían realizarse en las oficinas de “Juan Calvo Propiedades” sitas en Av. Nazca 3271 de la C.A.B.A. De acuerdo con la Cláusula Octava el Sr. Gabriel Vignola, L.E. 7.829.616, casado en segundas nupcias con Angélica Duarte, DNI 13.949.380, ambos con domicilio legal en la constituido en la calle Argerich 1379 de la CABA, fijan como garantía el domicilio especial sito en la calle Beauchef 247 P.B. U.F. 1 de la CABA
c) El señor Ricardo Serafín Montivero, DNI 8.041.540, con domicilio legal constituido en la calle Boyacá 932 celebró un contrato de locación el 1 de junio de 2009 con la señora Marcia González, DNI 11.697.867 , con domicilio legal constituido en la calle Mahatma Gandhi 350 UF 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objeto de la locación era el inmueble de la calle Marcelo T. de Alvear 1906, piso 9, depto. “A” de la CABA destinado a vivienda familiar. El término de la locación era por veinticuatro meses a partir del 1 de junio de 2010 hasta el 31 de mayo de 2012 inclusive. El precio de la locación era de mil seiscientos pesos mensuales. Entre las obligaciones estipuladas estaba la de no subarrendar total o parcialmente el bien locado, no ceder ni trasferir derecho alguno sobre la propiedad, sea personal o real, parcial o total, ni el préstamo de uso, total o parcial (Cláusula quinta d)). Tanto los alquileres como el pago de expensas y servicios debían realizarse en las oficinas de “Juan Calvo Propiedades” sitas en Av. Nazca 3271 de la C.A.B.A. De acuerdo con la Cláusula Octava el Sr. Gabriel Vignola, L.E. 7.829.616, casado en segundas nupcias con Angélica Duarte, DNI 13.949.380, ambos con domicilio legal en la constituido en la calle Argerich 1379 de la CABA, fijan como garantía el domicilio especial sito en la calle Beauchef 247 P.B. U.F. 1 de la CABA
d) El señor Eugenio Raúl Zaffaroni, L.E 4.299.533, con domicilio legal constituido en la calle Boyacá 932, representado por el señor Ricardo Serafín Montivero DNI 8.041.540, con Poder General de Administración, según escritura pública nro. 407 de la CABA, celebró el 1 de diciembre de 2010 un contrato de locación con la señora Angélica Duarte, DNI 13.949.380, con domicilio legal constituido en Argerich 1379 de la CABA. El objeto de la locación era el inmueble de la calle Bacacay 3112, piso 6, depto “B”de la CABA destinado a vivienda familiar. El término de la locación era por veinticuatro meses a partir del 1 de diciembre de 2010 hasta el 30 de noviembre de 2012 inclusive. El precio total de la locación era de cuarenta y dos mil pesos y sería pagado de la siguiente manera: los primeros doce meses se abonaría la suma de pesos mil seiscientos pesos mensuales. Los doce meses siguientes se abonaría la suma de mil novecientos mensualmente. Entre las obligaciones estipuladas estaba la de no subarrendar total o parcialmente el bien locado, no ceder ni trasferir derecho alguno sobre la propiedad, sea personal o real, parcial o total, ni el préstamo de uso, total o parcial (Cláusula quinta d)). Tanto los alquileres como el pago de expensas y servicios debían realizarse en las oficinas de “Juan calvo Propiedades” sitas en Av. Nazca 3271 de la C.A.B.A. De acuerdo con la Cláusula Octava la señora Marcia González, DNI 11.697.867, con domicilio legal constituido en la calle Mahatma Gandhi 350 UF 2 de la CABA se constituyó en fiadora solidaria de la locación.
e) El señor Eugenio Raúl Zaffaroni, L.E 4.299.533, con domicilio legal constituido en la calle Boyacá 932, representado por el señor Ricardo Serafín Montivero DNI 8.041.540, con Poder General de Administración, según escritura pública nro. 407 de la CABA, celebró el 1 de abril de 2011 un contrato de locación con la señora Marcia González, DNI 11.697.867, con domicilio legal constituido en la calle Mahatma Gandhi 350 UF 2 de la CABA . El objeto de la locación era el inmueble de la calle Pje. Luis Dellepiane 668, piso 3, depto. “8” de la CABA destinado a uso profesional sin especificar la naturaleza de la actividad que allí se iba a desempeñar. El término de la locación era por veinticuatro meses a partir del 1 de abril de 2011 hasta el 31 de marzo de 2013 inclusive. El precio total de la locación era de treinta y cuatro mil doscientos pesos y sería pagado de la siguiente manera: los primeros doce meses se abonaría la suma de pesos mil trescientos pesos mensuales. Los doce meses siguientes se abonaría la suma de mil quinientos cincuenta pesos mensualmente. Entre las obligaciones estipuladas estaba la de no subarrendar total o parcialmente el bien locado, no ceder ni trasferir derecho alguno sobre la propiedad, sea personal o real, parcial o total, ni el préstamo de uso, total o parcial (Cláusula quinta d)). Tanto los alquileres como el pago de expensas y servicios debían realizarse en las oficinas de “Juan calvo Propiedades” sitas en Av. Nazca 3271 de la C.A.B.A. De acuerdo con la Cláusula Octava el Sr. Gabriel Vignola, L.E. 7.829.616, casado en segundas nupcias con Angélica Duarte, DNI 13.949.380, ambos con domicilio legal en la constituido en la calle Argerich 1379 de la CABA, fijan como garantía el domicilio especial sito en la calle Beauchef 247 P.B. U.F. 1 de la CABA
f) El señor Eugenio Raúl Zaffaroni, L.E 4.299.533, con domicilio legal constituido en la calle Boyacá 932, representado por el señor Ricardo Serafín Montivero DNI 8.041.540, con Poder General de Administración, según escritura pública nro. 407 de la CABA, celebró el 1 de diciembre de 2010 un contrato de locación con la señora Angélica Duarte, DNI 13.949.380, con domicilio legal constituido en Argerich 1379 de la CABA. El objeto de la locación era el inmueble de la calle Av. Santa Fe 1240, piso 10, depto. “A” de la CABA destinado a uso profesional sin especificar la naturaleza de la actividad a desempeñarse. El término de la locación era por veinticuatro meses a partir del 1 de mayo de 2011 hasta el 30 de abril de 2013 inclusive. El precio total de la locación era de treinta y cinco mil cuatrocientos pesos y sería pagado de la siguiente manera: los primeros doce meses se abonaría la suma de pesos mil trescientos cincuenta pesos mensuales. Los doce meses siguientes se abonaría la suma de mil seiscientos pesos mensualmente. Entre las obligaciones estipuladas estaba la de no subarrendar total o parcialmente el bien locado, no ceder ni trasferir derecho alguno sobre la propiedad, sea personal o real, parcial o total, ni el préstamo de uso, total o parcial (Cláusula quinta d)). Tanto los alquileres como el pago de expensas y servicios debían realizarse en las oficinas de “Juan calvo Propiedades” sitas en Av. Nazca 3271 de la C.A.B.A. De acuerdo con la Cláusula Octava la señora Marcia González, DNI 11.697.867, con domicilio legal constituido en la calle Mahatma Gandhi 350 UF 2 de la CABA se constituyó en fiadora solidaria de la locación.
En esta última ampliación dijimos que “De la lectura de la documentación aportada se puede constatar que cinco departamentos fueron alquilados por dos personas que son proxenetas: tres son locados por Marcia González (Vicente López 2217, piso 5, depto. 19; Marcelo T. de Alvear 1906 piso 9°, depto A y Pje. Luis Dellepiane 668, piso 3, depto 8 de la CABA) y dos por Angélica Duarte (Bacacay 3112, piso 6 depto. B y Santa Fe 1240, piso 10 depto. A). Los contratos de locación celebrados por Marcia González tienen como fiador a Gabriel Vignola, marido de Angélica Duarte quien a su vez presta su conformidad para que su esposo ofrezca en garantía del cumplimiento del contrato la propiedad de la calle Beauchef 247 P.B. U.F. 1 de la CABA. Los contratos de locación celebrados por Angélica Duarte tienen como fiadora a Marcia González quien no ofrece ninguna propiedad como garantía. La realización de estas operaciones cruzadas despiertan la suspicacia de cualquiera porque tanta generosidad y confianza en que los inquilinos van a cumplir lo pactado excede el marco de lo que es habitual en esta clase de operaciones inmobiliarias donde habitualmente se exigen garantías y referencias. Alquilar a desconocidos en estas condiciones no es verosímil y obliga a desconfiar de la veracidad de los dichos del Dr. Zaffaroni, propietario de los inmuebles. Tampoco es verosímil que se encargue a una inmobiliaria no registrada legalmente, que ni siquiera funciona donde dice que lo hace, la celebración de los contratos y la percepción de los alquileres, del pago de expensas y de los servicios con lo que esto puede significar en cuanto a pérdidas y perjuicios de toda índole. Tampoco es verosímil que alguien que no quiera ocuparse de la gestión de su patrimonio le encargue esa tarea a una persona que sabe que no está en condiciones de hacerse cargo de ella sea por su edad, condición física o inexperiencia. Solamente en la literatura rusa del siglo XIX encontramos personajes tan displicentes en el manejo de su patrimonio”.
Dicho sea de paso el señor Ricardo Serafín Montivero, lejos de ser una persona de escasos recursos, como argumenta el Dr. Zaffaroni, aparece como el propietario del inmueble sito en Gregorio de Laferrere 1228 de Capital Federal conforme surge del correspondiente informe del Registro Nacional de la Propiedad Inmueble que fue acompañado a la ampliación de la denuncia.
Tampoco es verosímil que el Dr. Zaffaroni nada supiera de lo que estaba aconteciendo en sus departamentos toda vez que como ya he dicho en anteriores presentaciones hubo planteos y reclamos por la actividad de los prostíbulos a lo que hay que sumar las investigaciones realizadas por la UFASE y la Justicia Correccional que se mencionan en el informe de marras. En ese contexto ¿es posible que se allanen las propiedades de un Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la nación en el marco de la investigación del delito de trata de personas y proxenetismo y éste no se entere? ¿es posible que nadie le haya hecho llegar la notificación prevista en el art. 228 CPPN, ni que sus amigos, discípulos, colegas, miembros de las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia, funcionarios del gobierno que se solidarizaron con él, se hayan tomado la molestia de decirle que lo estaban investigando?. Nadie que conozca los usos y costumbres de nuestros tribunales nacionales puede creer semejante cosa”.
Al respecto han aparecido nuevos elementos de prueba que corresponde que alleguemos a la investigación que desmienten la versión del magistrado ante la comisión de Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados. En efecto, el departamento de la calle Beauchef 247 P.B. U.F. 1 de la CABA que Gabriel Vignola y Angélica Duarte ofrecían como garantía de las locaciones de Marcia González es también un conocido prostíbulo que produce molestias a los vecinos. Este prostíbulo fue grabado con una cámara oculta y puesto en internet. Esto ocasionó una movilización de los vecinos que “clausuraron” simbólicamente el burdel. Esta clausura simbólica tuvo el efecto de que el lupanar dejara de funcionar por un tiempo. Sin embargo, Angélica Duarte se manifestó dispuesta a abrirlo nuevamente. Dejó pasar un tiempo para que la cosa se enfriara y volvió a tratar de poner en marcha nuevamente el establecimiento. Ante reclamos de los vecinos hizo alarde del conocimiento y amistad que tiene con el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni sin advertir que estaba siendo filmada y grabada con una cámara oculta. La señora Angélica Duarte menciona que su marido Gabriel Vignola es ingeniero, lo cual es cierto y pudimos verificar que se desempeña como Director en el INTI, lo que también obliga a extremar la investigación por las ramificaciones que pudiera tener.
Cabe destacar que según el “Informe al Procurador General de la Nación relacionado con la presentación efectuada por diversas ONGs y otros actores el 15 de diciembre de 2009 y su ampliación de fecha 28 de julio de este año” elevado al Dr. Esteban Righi por el Dr Marcelo Colombo, titular de UFASE, que se acompañó como anexo a la nota APG 140/11 (Expediente MG117/11) del 8 de agosto de 2011 dirigida a la diputada de la nación Claudia Fernanda Gil Lozano y que figura publicada en la página de internet del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina surgió lo siguiente:
El domicilio de la calle Vicente López 2217 piso 5° depto. 19 de la CABA formaba parte del conjunto de 76 (setenta y seis) domicilios denunciados por UFASE el 19 de mayo de 2010 por la posible comisión del delito previsto en el art. 17 de la ley 12.331 (proxenetismo) que dio lugar a la causa C 07-29408 en trámite ante la Fiscalía Correccional n° 7 a cargo del Dr. Orfila.
Dice el Dr. Colombo: “El departamento integraba un grupo de tres domicilios vinculados con un posible administrador. La vinculación fue establecida a través de la identidad de titularidad de las líneas telefónicas ubicadas en esos inmuebles. La titularidad de las líneas correspondía en los tres casos a Carlos De Vincenzi. Los otros dos departamentos denunciados fueron Avellaneda 685 y Avellaneda 691. La titularidad de estos dos inmuebles, por otro lado, le corresponde también a Carlos De Vinzenzi”
El 2 de agosto de 2010 Orfila solicitó colaboración a UFASE para profundizar la investigación respecto de los 76 inmuebles denunciados. Las tareas de investigación directa sobre esos domicilios se realizaron en etapas y fueron encargados por esta Unidad a las Divisiones Especiales de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina”.
Los resultados de las tareas correspondientes a Vicente López 2217 5° 19, Avellaneda 689 y Avellaneda 691, realizada por la Prefectura, nos fueron informados el 8 de noviembre de 2010: en las calles Avellaneda 691 y Vicente López 2217 5° 19, se explotaba el comercio sexual no así en Avellaneda 689”.
El mismo día (8 de noviembre) los antecedentes fueron remitidos al Fiscal Orfila, para su acumulación a la causa n° 07-39408.
Según el informe del Dr. Colombo el departamento de Marcelo T.de Alvear 1906 piso 9 Dpto. “A” formó parte de un conjunto de 74 domicilios enviados el 11 de agosto de 2010 para que su investigación en la causa judicial n° C0929989/2010.
Con relación al departamento de la calle Paraguay 877, primer piso, el Dr. Colombo dice que “Este domicilio no estaba incluido en la denuncia de las ONG del 15 de diciembre de 2009, y la referencia al primer piso de la denuncia del 28 de julio resulta vaga en tanto no se individualiza el departamento”. Sin embargo, señala a continuación: “El domicilio de la calle Paraguay 877, 1° “A” registra una causa judicial (n° c 07-04083 iniciada el 8 /5/2002) por infracción a la ley 12.331 (proxenetismo)…El domicilio de Paraguay 877 1° B también registra una causa judicial el 14/5/2010, por infracción a la ley 12.331 (proxenetismo)”.
Respecto de los domicilios de Dellepiane 668 y Bacacay 3112 el Dr. Colombo señala en su informe que “Estos domicilios junto a personas vinculadas a su administración están incluidas en el conjunto de 76 inmuebles denunciados por UFASE el 19 de mayo de 2010 por la posible comisión del delito previsto en el art. 17 de la ley 12.331 que dio lugar a la causa C 07-29408 en trámite ante el Juzgado Correccional n° 6, y la Fiscalía Correccional n° 7 a cargo del Dr. Orfila”.
Los dos fueron denunciados como integrantes del mismo grupo de domicilios vinculados con otros dos domicilios más. La relación fue establecida por esta Unidad también a través de la titularidad de líneas telefónicas de los inmuebles, que correspondía en los cuatro casos a Marcia González. Los otros dos domicilios son Rivadavia 6747 9° “89” y Emilio Mitre 776 6° “C” y fueron aportados por UFASE a la investigación, pues no estaban incluidos en aquella denuncia de las ONGs.
Luego, en cumplimiento de la voluntad de colaboración del Dr. Orfila las tareas de investigación de campo fueron solicitadas a Gendarmería Nacional cuyo informe, recibido el 7 de febrero de 2011, fue enviado a la Fiscalía el 8 de febrero”.
De allí surge que en Rivadavia 6747 9 ° “89” se confirmó que se ofrecían servicios sexuales. Sobre Bacacay 3112 6° A se confirmó que no se ofrecían servicios sexuales (aunque si en el 6° B). Sobre Emilio Mitre 776 6° C se informó que una persona ofrecía servicios sexuales. Sobre Dellepiane 668 3° 8 las tareas no constataron ni descartaron el ejercicio de la prostitución.
Por último, el informe de la UFASE señala que con respecto al domicilio de la calle Santa Fe 1240 piso 10 depto. “A” no cuenta con antecedentes.
Todo este cúmulo de pruebas y otras medidas realizadas por el señor Fiscal, Dr. Orfila, hicieron que el representante del Ministerio Público requiriera al Juez Correccional que llamara a Ricardo Montivero y a otras personas a prestar declaración indagatoria.
El señor Juez en lo Correccional hizo lugar al pedido de indagatoria pedido por el Fiscal. El día de la audiencia Ricardo Montivero se hizo presente y pagó el mínimo de la multa previsto en el art. 17 de la ley 12.331 solicitando que se diera por extinguida la acción penal en virtud de lo dispuesto por el art. 64 del Código Penal.
Ante la comprobación de la oblación voluntaria de la multa, el Ministerio Público dictaminó que era procedente la extinción de la acción penal en esa causa caratulada “Inmueble Subiría s/inf. Ley 12331 C.P.” (Expte. N° 76-882/A) que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Correccional n° 6 de la Capital Federal.
Cabe destacar que en la sistemática del Código Penal no queda duda de que la oblación voluntaria de la multa es una causal de extinción de la acción penal que procede en los supuestos de los delitos reprimidos única y exclusivamente con pena de multa. Pero tampoco hay dudas de que se está en presencia de un supuesto de allanamiento, vale decir admisión de culpabilidad, en el proceso penal por lo que implica por parte del imputado el reconocimiento de su responsabilidad y el sometimiento al cumplimiento de la pena. De ahí también que la ley exija junto con el pago de la multa que el imputado se haga cargo de las indemnizaciones por los daños que ha generado el hecho ilícito. La operatividad del precepto lleva como presupuesto el abandono a favor del estado de aquellos objetos que resultarían decomisados en caso de recaer sentencia condenatoria. No se nos escapa que esta causal extintiva de la acción penal engendra una irritante desigualdad entre las personas según su condición de fortuna y que ha servido de tradicional puerta de escape para los proxenetas.
Queremos señalar que esta extinción de la acción penal le cabe solamente al señor Montivero en la causa caratulada “Inmueble Subiría s/inf. Ley 12331 C.P.” (Expte. N° 76-882/A) que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Correccional n° 6 de la Capital Federal y no en otras en las que pudiera estar imputado. Los otros imputados no se benefician con la oblación voluntaria de la multa por parte de Montivero y, por supuesto, esa extinción de la acción penal no se ha operado para Eugenio Raúl Zaffaroni.
Entendemos, sin embargo, que se ha generado una nueva situación a partir de este reconocimiento de culpabilidad. En efecto, ya no hay dudas de que hemos procedido con veracidad y prudencia en nuestras presentaciones ante la Justicia y que no es admisible que el Congreso Nacional no active el trámite del juicio político del señor Ministro de La Corte Suprema, Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni.
El Congreso Nacional en su condición de órgano de contralor del buen desempeño de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 53 y 59 de la Ley Fundamental) debe determinar si el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni está o no en condiciones de continuar desempeñando su cargo. Esta cuestión resulta de singular importancia atento a lo que han sostenido las distintas bancadas al momento de la sanción de la ley 26.842 respecto de la responsabilidad de los miembros del Poder Judicial en el crecimiento exponencial de la explotación de la prostitución ajena y del delito de trata de personas. También resulta de fundamental importancia en lo que concierne a la tranquilidad que debe tener el pueblo acerca de que la tarea de administrar justicia está en manos de personas probas y prudentes, capaces de servir de ejemplo para la comunidad.
Tampoco es admisible que los demás miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación permanezcan indiferentes frente a un escándalo de esta magnitud que pone en entredicho la confianza del pueblo en la honorabilidad de los integrantes del máximo tribunal. Esa indiferencia es la muestra más cabal de la falta de compromiso republicano de sus integrantes y de su falta de coraje cívico.
