La inquisición del Código Procesal Penal K

22 10 2014

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Artículo del abogado penalista (tomo 36 folio 227 del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal) de la Fundación Alameda, Mario G. Ganora.

  1. El discurso de la Presidente es una sorpresa total porque nada tienen que ver sus anuncios con lo que hasta ahora se estaba discutiendo. Es más constituye un claro apartamiento del garantismo procesal legítimo.
  1. Lo más peligroso del proyecto es que el proceso se transforma aparentemente en puramente acusatorio aunque en realidad se retorna al sistema inquisitivo mediante la llamada “estafa de etiquetas”.

La comprobación de los delitos, la persecución, investigación y acusación de los delincuentes radica exclusivamente en el Ministerio Público Fiscal. Todos los poderes se concentran en este funcionario que además no es imparcial sino parte en el proceso.

Se reducen las atribuciones de los jueces incluso de los Tribunales Orales para preguntar o inquirir cuestiones no planteadas por las partes, léase el Ministerio Público.

El fiscal podrá de esa manera proteger en el proceso a los amigos e impedir que se descubran cosas.

Del mismo modo un defensor poco inteligente puede mandar al muere al defendido sin que el tribunal pueda hacer nada. Además, al Ministerio Público se lo dota de la facultad de decidir por sí y ante sí a quien persigue, investiga y acusa. Esto se llama principio de oportunidad.

Si el juez no está de acuerdo con esa actitud porque la considera arbitraria la debe elevar al superior jerárquico del fiscal, el fiscal general, si este está de acuerdo con el fiscal anterior la causa termina.

Este principio de oportunidad así pergeñado, con un Ministerio Público totalmente verticalizado y politizado nos lleva de la mano a la situación que existía en la época del proceso cuando regía el Código de Procedimientos en materia penal.

En esa época mediante el juego de los arts. 460 y 461 del Código de Procedimientos en materia penal y la ley de Ministerios que hacía depender los fiscales del Ministerio de Justicia de la Nación se podían degollar todas las causas que podían comprometer a los funcionarios.

Tuvimos una verdadera vuelta de tuerca. Con esta mecánica se aseguraran la impunidad todos los amigos. Regirá la máxima española “Para los amigos los favores, para los enemigos la ley”.

  1. La actual ley de Migraciones 25.871 permite la deportación de los extranjeros que hayan sido condenados por sentencia firme por la comisión de delitos. Hay leyes especiales como la Ley de Profilaxis 12.331(que prohíbe los prostíbulos en todo el país) que también así lo establecen. En ese sentido no hay ninguna imposibilidad de sacarse de encima a los criminales condenados, debido proceso mediante. Pero el anuncio presidencial lo que está introduciendo en realidad es un aggiornamiento de la antigua Ley de Residencia y de la Ley 21.259 (art. 1) de la época de  Videla que permitía la  expulsión de extranjeros por afectar la paz social, la seguridad nacional o el orden público sin necesidad de condena en causa criminal. Esto es violatorio del art. 18 C.N.13  y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
  1. En cuanto al instituto de la prisión preventiva la ley vigente establece que no se puede conceder la excarcelación a aquellas personas que cometen delitos graves a los que pudieran corresponder penas mayores a los ocho años de prisión (arts. 316 y 317 del Código Procesal Penal de la Nación). Los jueces, en función de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos basadas en el art. 7 inc. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de las decisiones basadas en el derecho internacional tomadas en los casos “Diaz Bessone” y “Menem” (personas que cometieron delitos valiéndose del poder que detentaban) introdujeron la idea de que la excarcelación procede en todos aquellos casos en los que no hay peligro de fuga ni de que el reo pueda obstaculizar la investigación del delito. Esta es la doctrina actual de la Cámara de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los sectores progresistas y garantistas. De esta manera se instauró una verdadera “puerta giratoria”. Pero el cierre de la puerta giratoria no va a funcionar de la manera en que lo pretende la Presidente porque para ello debe superar las vallas impuestas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Recurrir a conceptos como el de “conmoción social” para justificar la denegación de la excarcelación abre la puerta a la fabricación de causas y a los escraches como justificación del encarcelamiento de opositores.

Creo que lo conveniente es exigir reales garantías de comparecencia a juicio y controles muy estrictos de lo que hace un individuo excarcelado.

En el supuesto de que esos controles no puedan ejercerse habría un real peligro de fuga y de obstaculización de la investigación que ameritan el encarcelamiento. Pero todo esto depende de la voluntad política.

  1. La demora en el trámite de las causas está ligado directamente a la enorme cantidad de vacantes no cubiertas y a la búsqueda desesperada de jueces amigos y complacientes. Este problema que genera la crisis de seguridad no se resuelve, por supuesto, cambiando los Códigos de procedimiento penal.




Donación de Vera a familiares de Cromañón y Hogar de Chicos

22 10 2014

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Este martes 21 de octubre el legislador porteño del Bien Común y titular de la Fundación Alameda, Gustavo Vera donó como cada mes parte de su salario del mes de septiembre, un total de 30 mil pesos. El dirigente político lleva donado 183 mil pesos a entidades del bien público.

El Movimiento de Familiares, Amigos y Sobrevivientes de la Tragedia de Cromañón recibieron 12 mil pesos para las actividades de concientización para el próximo 30 de diciembre, cuando se cumplan 10 años de la Masacre que se llevó la vida de 194 persona en el boliche propiedad del empresario textil Rafael Levy. Mientras que 18 mil pesos recibió el Hogar de Niños Leopoldo S. Pereyra de Banfield para adquirir un equipo electrógeno para mantener los alimentos cuando se corta la luz en un hogar de chicos judicializados por abandono, maltratos o abusos.

Bárbara García Crespo en representación de Familiares de Víctimas y Sobrevivientes de la Tragedia de Cromañón y Carlos María Nicora el representante legal del Hogar de Niños Pereyra fueron quienes recibieron en sus cuentas bancarias las transferencias del salario del legislador porteño del bloque Bien Común.

En la escribanía de Mario G. Rebasa (Matricula 2259) se dejó constancia legal del proceso de donación como se repite todos los meses desde que Vera asumió en su cargo como había prometido en la campaña electoral.

En este acto los familiares de Cromañón sostuvieron que “el constante acompañamiento de la gente de la Alameda y las puertas abiertas del despacho de Gustavo Vera, siempre disponible para los familiares de víctimas, no sólo de Cromañón sino que lo mismo sucede con familiares Once y La Plata y con cientos de causas impunes que existen en la Argentina y que siguen cometiendo crímenes sociales”, y agregaron que “los compañeros de la Alameda entienden, al igual que nosotros, que Cromañón no fue un hecho aislado, sino que forma parte de una lógica de corrupción, de maximización de ganancias de empresarios y del Estado que perjudicó y sigue perjudicando a nuestra sociedad y principalmente a nuestros jóvenes”.





Vecinos presentan un proyecto por una plaza y un polideportivo en Once

21 10 2014

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La red de vecinos autoconvocados “No al microestadio”, junto a 14 legisladores de diferentes partidos políticos, presentarán mañana en la Legislatura un proyecto de ley para que en la denominada “manzana 66” de Once se construya una plaza, un polideportivo y un centro educativo cultural de uso público, en lugar del espacio privado para recitales con capacidad para 18 mil personas que tanta resistencia genera en el barrio.

La iniciativa será presentada mañana a las 18 en el Salón Intersecretarías y, junto a los vecinos y a distintas organizaciones sociales que los apoyan, estarán los legisladores Jorge Taiana y María Rachid (FPV); Edgardo Form (NE), Alejandro Bodart (MST), Pablo Bergel y Gustavo Vera (BC), Pablo Ferreyra (SL), Maximiliano Ferraro (CC), Marcelo Ramal (FIT), Hernán Rossi y María Inés Gorbea (Suma +), Virginia González Gass (PSA), Susana Rinaldi (FPP), y Paula Oliveto Lago (CC).

Anunciado a través de los medios desde abril de este año, la construcción del microestadio es resistida por los vecinos, que desde entonces vienen movilizándose, cursando pedidos de informes a las autoridades, juntando firmas y reuniéndose en asambleas, la última de las cuales permitió terminar de delinear este proyecto que declara de utilidad pública la manzana y sujeta a expropiación.

La manzana en cuestión luce hoy como tierra arrasada desde que, a fines del año pasado, se terminaron de demoler los 20 inmuebles allí emplazados, de los cuales sólo quedaron en pie las fachadas.

Según les fue confirmado en mayo a dos representantes de los vecinos en una reunión con el futuro inversor y un funcionario porteño, una empresa privada dedicada a la producción de espectáculos musicales planea construir un microestadio con casi el doble de capacidad que el Luna Park y salida subterránea al subte H, 20 restaurantes, un hotel 5 estrellas y 3 niveles de cocheras.

“El funcionario ni habló, sólo nos dijeron de entrada que el microestadio es de ‘plastilina’, que si se quiere cambiar se cambia. Es lo único que dijeron”, contó a Télam Alberto Aguilera, coordinador de la Red.

Y si bien aún no habría sido presentado el plan de obra, la existencia del proyecto de microestadio fue reconocida también por el inversor, Ake Music, en la revista Rolling Stone y por el jefe de gobierno, Mauricio Macri durante una entrevista en la radio Vorterix.

Los argumentos para oponerse al proyecto son múltiples y variados: a los fundamentos legales que señalan la la violación al Código de Planeamiento Urbano, se suman los medioambientales, dado que un emprendimiento de este tipo produciría contaminación sonora, vibraciones adicionales en antiguas construcciones ya agrietadas por el funcionamiento de la línea de subterráneos H y mayor acumulación de basura.

Pero además, los autoconvocados aseguran que un microestadio de estas características agravaría aún más la situación propia de un barrio con problemas de vulnerabilidad social, que convive con el funcionamiento de dos hospitales, varias clínicas y numerosos centros educativos.

Por último, aseguran que se vería seriamente afectado el tránsito, ya de por sí dificultoso.

“El barrio de Balvanera cuenta con sólo 0,4 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, cuando la OMS recomienda como mínimo de 10”, dice el proyecto de los vecinos entre sus fundamentos.

“Además, las escuelas públicas de la zona carecen de espacios verdes para realizar actividades físicas extracurriculares, teniendo que recurrir a convenios particulares que implican desplazamientos a predios de otros barrios”, prosiguen.

Por otro lado, los vecinos proponen que además de un centro cultural y “ante la falta de vacantes”, se construyan también allí “establecimientos educativos de nivel inicial”.





Allanaron Maxja prostíbulo denunciado por la Alameda

21 10 2014

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El viernes por la madrugada allanaron y clausuraron Maxja un destacado prostíbulo en Mar del Plata. El operativo dio como resultado 2 victimas rescatadas y 3 detenidos

Después de ser denunciado por la Fundación Alameda en 2012, inspección general junto a la unidad fiscal de Composición Temprana de Conflictos Penales a cargo de Graciela Trill realizo un operativo administrativo en el lugar. Estos encontraron 5 dominicanas dentro de un prostíbulo, pero para Bruzzeta (inspección general) y Trill (justicia provincial) esto no era un indicativo de trata de personas y no derivaron la investigación a la justicia federal. Hoy se desconoce el paradero de esas 5 mujeres y no se les puede dar el acompañamiento necesario para su reinserción social.

2 años después el prostíbulo habilitado por la municipalidad seguía funcionando.

Cámara oculta realizada por la fundación en 2012: 
Nota sobre el allanamiento por Belén Cano:

Clausuraron Maxja: investigan complicidades políticas y policiales

El prostíbulo, ubicado en Peralta Ramos casi Vértiz había sido cerrado por el Municipio, pero fallas administrativas lo habían dejado abierto con amparo legal. Dos mujeres fueron rescatadas en “especial situación de vulnerabilidad”.

Maxja estaba abierto a la vista de todos. Un letrero en su puerta llamaba la atención de posibles clientes/prostituyentes y uno de sus dueños hasta hacía publicidad del local a través de su Facebook. Incluso, en abril de 2013 el Municipio clausuró el lugar, y aunque la Justicia Federal lo investigaba por el delito de trata, se enviaron las actas a la Justicia de Faltas. Fallas administrativas, dieron vía libre al negocio prostibulario. Pero una investigación conducida por Laura Mazzaferri, fiscal federal N°1 de la ciudad, derivó en un allanamiento que terminó con la clausura del local y tres detenidos.

Entre la noche del jueves y la madrugada del viernes pasado, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) irrumpió en el lugar situado en avenida Peralta Ramos casi Vértiz. Durante el operativo, fueron rescatadas dos mujeres, quienes se encontraban “en una especial situación de vulnerabilidad”, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal. En tanto, tres personas, una pareja y su hijo, quedaron detenidas por trata de personas agravado y se libró otra de detención.

En el lugar, además de dinero, se secuestraron cuatro armas, una de ellas en poder de uno de los detenidos. También, se incautó documentación que, sumadas a datos que habían surgido de la investigación, “permitirá establecer posibles complicidades policiales y políticas”, las que se encuentran en plena etapa de investigación.

La investigación a cargo de Mazzaferri contó con la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y la colaboración del equipo de trata de personas del Ministerio Público Fiscal de Mar del Plata.

Las víctimas encontradas allí fueron entrevistadas el viernes por las profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, en las instalaciones del Juzgado Federal Nº3, a cargo de Santiago Inchausti.

El magistrado, que actuó como subrogante del Juzgado Federal N°1, había librado la orden de allanamiento e indagó a los imputados. También, se dispusieron medidas de protección de las mujeres rescatadas, “quienes habrían sido sometidas a malos tratos constantes, amenazas y acoso sexual por los imputados”, según la información oficial.

SI HABÍA SIDO CLAUSURADO ¿POR QUÉ SEGUÍA ABIERTO?
Maxja seguía abierto a pesar de la ordenanza 19.789 que prohíbe expresamente los locales “donde se compruebe que se ejerza la prostitución, se promueva a ella o se verifique alguno de los supuestos de trata de personas”. Y a pesar del allanamiento realizado por el Municipio en abril de 2013.

¿Qué sucedió en el medio? La Municipalidad, tras el operativo, y a pesar de haber encontrado allí -según consta en la gacetilla municipal- a cuatro mujeres de República Dominicana, y sabiendo que había una causa abierta en la Justicia Federal, dio intervención a la Justicia de Faltas.

“El local fue desocupado y clausurado. Se secuestraron elementos que hacían a la actividad. Todo esto enmarcado dentro de la decisión del intendente Pulti de combatir los supuestos delitos de trata, esta actividad deleznable que es utilizar a personas para que ofrezcan su cuerpo o ser utilizadas para la facilitación de la prostitución ajena”, informaba en aquel momento Eduardo Bruzzeta, titular de Inspección General.

Pero la resolución de la Justicia de Faltas fue cuestionada por el dueño del prostíbulo, y el 9 de agosto de 2013 el juez en lo Contencioso Administrativo, Simón Isacch dejó sin efecto la clausura que hizo el Municipio y con ese amparo legal volvió a abrir sus puertas, tal como denunció la Fundación Alameda, que lucha contra el trabajo esclavo y la explotación de los seres humanos, en septiembre de 2013.





Narcos Barrio Illia: Oyarbide quita la custodia a testigo y frena la investigación

20 10 2014
El escrito de la desprotección

El escrito de la desprotección

El juez federal Norberto Oyarbide le quitó la custodia móvil de la Gendarmería Nacional a la denunciante de los narcos en el Barrio Illia, Verónica Weimar. Y a su vez frenó la investigación sobre las bandas acusadas de comercializar cocaína. De esta escandalosa medida quedó constancia en el escrito firmado, el martes 14 de octubre, por el secretario Carlos A. Martínez Frugoni y que lo enviará al comandante mayor de la Gendarmería Nacional Cinturón Sur, Claudio Brilloni.

Es un escándalo que quienes denuncian a los narcos queden desprotegidos, y a las bandas criminales se las dejé de investigar, no exista un solo detenido, ni se produzcan allanamientos tras importantes testimonios y pruebas presentadas en el expediente 6961/2014.   

Al micrófono el legislador Gustavo Vera a su lado Verónica Wierna

Al micrófono el legislador Vera a su lado Verónica Wierna

Verónica Wierna, sus padres y su hija de siete años están siendo acosados permanente mientras la custodia domiciliaria de Gendarmería se apuesta a 50 metros del domicilio que deben proteger, o ni siquiera intervienen antes las agresiones de los acusados.

La familia sufrió el evenenamiento de su mascota, piedrazos a sus personas y el auto en el que se mueven. Todo esto provocó una crisis asmática con posterior internación de la hija de la denunciante.

Por otro lado, la causa por amenazas y agresiones que sufrió Verónica frente a las propias cámaras de Canal 13 en el medio de un reportaje de Mario Massaccesi, fue archivada por parte del fiscal contravencional, Carlos Rolero, en el legajo MPF N° 51477. La causa se archiva pese a contar con las pruebas fílmicas donde el propio Ezequiel Rodríguez, caratula de la causa por tráfico de drogas, aparece en moto sin patente para amenazar a la denunciante que resulta agredida a golpes.

La Alameda ya se comunicó con el titular de la comisaría 34 y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para ponerlos en conocimiento de esta desprotección del testigo y su familia. Y mañana a primera estará haciendo una nueva presentación en el Juzgado Federal de Oyarbide.   





Hoy charla en el Colegio de Abogados

20 10 2014

colegio de san martin

Hoy lunes 20 de octubre, el titular de la Alameda y legislador porteño, Gustavo Vera, junto al vicepresidente de la fundación y abogado penalista, Mario Ganora, estarán disertando sobre “Trata de Personas, Crimen Organizado y Mafiosidad en Argentina”.

La charla será a las 18:30 hs en el Colegio de Abogados de San Martín, ubicado en Av. Ricardo Balbín 1750/52.

Entrada Libre y Gratuita.





En Clarín entrevista a Gustavo Vera

20 10 2014
la nota en Clarín

la nota en Clarín

Este domingo 19 de octubre en el diario Clarín, sección Zona, entrevista por  Marcelo Larraquy a Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda y legislador porteño.

Crimen organizado, trata de personas, tráfico de drogas, trabajo esclavo, prostíbulos, “cuevas” de celulares robados, corrupción policial… La agenda legislativa de Gustavo Vera sigue el pulso del delito callejero en Buenos Aires y poco se parece a la de sus pares. Menos cuando considera que su sueldo de 56 mil pesos (“además de la obra social privada”, agrega) es excesivo y propone que un legislador se equipare con el salario de un director de escuela o el jefe de servicio de un hospital público.

Vera no cree en la teoría del “Estado ausente”, sino que la supuesta omisión policial para reprimir el delito retorna en forma de aportes económicos a las “cajas negras” de las seccionales, como una devolución del crimen organizado. “La corrupción se verticalizó. Se consienten delitos a cambio de una recaudación regular que luego va hacia los gastos corrientes de la policía, sueldos no remunerativos, comisarios, subcomisarios, jefes de brigadas, y también al sistema político y judicial. Está todo científicamente mapeado, desde el delito complejo hasta liberar una cuadra… Hoy día, al policía que iba a buscar una pizza a la esquina hay que convertirlo en santo”, ironiza Vera, convertido desde hace años en un aliado del ahora Papa Francisco en su lucha contra la criminalidad.
Desde la Fundación La Alameda, Vera comenzó recibiendo datos de talleres de “trabajo esclavo” y “trata de personas” en prostíbulos.
Después de su labor como docente, recibía en el sótano de un local de Parque Chacabuco a denunciantes, o a familiares de policías que relataban la connivencia de sus jefes con el delito; le llegaban cartas anónimas. Para probar las acusaciones, La Alameda realizaba cámaras ocultas en prostíbulos, que luego “escrachaba”. Hoy el delito cambió la modalidad. “La actividad principal de los prostíbulos es el narcotráfico. El resto es ´souvenir´. También crecieron las “casas tomadas”. Se iniciaron como reivindicaciones sociales de viviendas y luego fueron “desalojadas” por “bandas” que las convirtieron en “aguantaderos”, bunkers de drogas… La droga ya no está sólo en la periferia de la ciudad. Esa foto es vieja. Está en los prostíbulos, los pubs “truchos” de los barrios, incluso muchos travestis son usados para venta de estupefacientes”, añade Vera.
Para la gestación de un mapa del delito -que luego se transformó en la causa judicial de “los 100 puntos narcos”- La Alameda actuó como receptora de la indignación vecinal, que no confiaba en sus seccionales policiales. Vera ahora es escéptico sobre el destino de la causa, en manos de Oyarbide.
Pedirá su recusación para que otro juez la active. “Si hay voluntad política a los narcos te los llevás puestos, porque le podés entrar por 8 mil delitos”, asegura. 








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